REPORTAJE

CONTRA LA CONSTRUCCION INDISCRIMINADA

"Se impone una planificación urbana, que respete las características de cada barrio"

ParqueChasWeb entrevisto al Doctor Marcelo Capelluto, Procurador y Docente Universitario en las Materias "Derecho Ambiental" "Régimen Jurídico de los Residuos Peligrosos" y "Régimen Jurídico de los Recursos Naturales" de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). También es Profesor Adjunto en las Facultades de Derecho de las Universidades Uces- UNLZ- Uflo y el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.

Por Fernando Belvedere

fbelvedere@parquechasweb.com.ar

Después de que el Jefe de Gobierno porteño firmara el decreto que suspende por 90 días nuevos permisos para construir edificios, se alzaron voces en contra y a favor de esta medida. Los vecinos reclaman audiencias públicas, porque es imprescindible la participación para armar un proyecto viable de ciudad. Las empresas constructuras dicen que el decreto de Telerman trae inseguridad jurídica, frena el crecimiento de la ciudad e impide crear fuentes de trabajo. ParqueChasweb buscó una voz autorizada en el tema, y se contactó con el Doctor Marcelo Capelluto, abogado ambientalista y vecino de Parque Chas.

-Doctor, ¿Está de acuerdo con el decreto de Telerman de frenar los permisos de obras por 90 días?

-Es bueno haber frenado los nuevos permisos para construir por 90 días, y cabe señalar que no se afectaron derechos adquiridos por las constructoras, dado que esos permisos nunca se otorgaron. No se está en contra del progreso y de la construcción de viviendas, actividad generadora de puestos de trabajo y pilar de la recuperación económica, pero sí se impone una planificación urbana, es decir un ordenamiento territorial que respete las características de cada barrio, sin llegar a vedar las modificaciones que normalmente pretende realizar cada propietario dentro de su vivienda, cumpliendo siempre con la normativa existente. Un crecimiento sin tener en cuenta al Ambiente, hace más corta la vida del hombre, y el daño al Ambiente genera perjuicios a su salud, como ser la propagación de enfermedades. El crecimiento es bueno, e incluso es considerado como un requisito para una política Ambiental de éxito, pero teniendo al vecino como centro de las preocupaciones por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
-En declaraciones al diario Clarín, el subsecretario de Planeamiento, Mario Sabugo, declaró que "El problema no es de infraestructura, si alguna zona tiene poca presión o le falta el gas, habrá que revisar puntualmente cada caso. Echarle la culpa a la edificación, que está permitida dentro de la normativa actual, es hacer terrorismo urbano", ¿Qué opina de estas expresiones?

-La problemática actual no surge de una planificación, sino surge de una especulación constructora e inmobiliaria, que están cercando a los barrios de casas bajas con la construcción de torres y edificios, atentando contra la fisonomía de los barrios, y su patrimonio histórico y cultural. No hay evaluaciones de impacto ambiental serias, dado que es imposible que se hayan otorgado tantos permisos en el norte de la Ciudad en tan poco tiempo, sin tener en cuenta a la población residente, es decir al vecino. El impacto ambiental de las nuevas construcciones es desastroso; se derrumban casas típicas con jardines para levantar edificios gigantescos que perjudican a las construcciones bajas existentes, tapando el sol, invadiendo la privacidad, y desde ya generando problemas en la infraestructura de servicios, ya sea primero la escasez y luego colapso de servicios públicos esenciales como ser agua, cloacas, el sistema pluvial, luz, gas, problemas de saneamiento ambiental dada especialmente con la generación de mayores cantidades de residuos, el deterioro del suelo, mayor circulación de vehículos que ocasionaría mayor polución ambiental y contaminación visual y sonora, todo ello afectando la calidad de vida de los residentes porteños. No es terrorismo urbano, defender nuestro hábitat, y desde ya quién otorgue estos permisos debe responder judicialmente por los daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar. Recientemente el Juez Juan Cataldo hizo lugar a una acción de amparo presentada por vecinos que se oponen a la construcción de un edificio de 9 pisos en la calle El Salvador al 6000 del barrio de Palermo, ordenándole al Gobierno de la Ciudad que no otorgue permisos a las obras que no se adecuen a la fisonomía tradicional del barrio. La Jueza Alejandra Petrella le impidió a la Ciudad otorgar nuevos permisos en 16 manzanas del barrio de Caballito, entre las calles Paysandú, Arengreen, Martín de Gainza, y Gaona. Los jueces se están pronunciando a favor del vecino, ahora le toca a los otros poderes del Estado.

-¿Qué normativa sobre este tema debería contener el Plan Urbano Ambiental (PUA)?

-No soy arquitecto, soy abogado, y creo que se hace necesario un serio debate para analizar como debe ser nuestra Ciudad de Buenos Aires, con audiencias públicas vinculantes, donde puedan participar los inversionistas, las cámaras constructoras e inmobiliarias, los legisladores, las autoridades del Ejecutivo de la Ciudad y desde ya fundamentalmente quienes vivimos en esta ciudad, es decir sus vecinos, y luego esto quede reflejado en el proyecto del nuevo "Plan Urbano Ambiental"-donde se contempla el código de planeamiento y el de edificación- que el Ejecutivo porteño debe enviar a la Legislatura para su tratamiento.-Usted expresó que hay que concientizar a los legisladores del problema, ¿Quién se debería ocupar de esta tarea?-Sólo se puede concientizar a los legisladores si participan junto a los vecinos en los foros de discusión vecinal, con participación de ONGs y asociaciones civiles, que aglutinen los pedidos de los vecinos, y así los representantes se hagan eco de las necesidades de sus representados.

-¿Cómo se combate la presión de las empresas constructoras?

-Las autoridades deben impulsar y endurecer la fiscalización y control de las obras empezadas, y sancionar con importes pecuniariamente importantes a aquellas constructoras que se aparten de las leyes, mientan o adulteren los estudios ambientales presentados, para evitar daños ambientales posteriores, dado que cuando se produce un daño es muy difícil volver las cosas al estado anterior. El Estado debe regular los intereses del vecino y el de los inversores, para que no se superpongan entre sí, afectando seriamente a una de las partes, y esto es a través del Plan Urbano Ambiental, que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece como marco en el artículo 27, donde dice: "La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural". Este mismo artículo promueve la preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico, y de la calidad visual y sonora, la regulación de los usos del suelo, la localización de las construcciones, las condiciones de habitabilidad y seguridad de todo espacio urbano, sea este público o privado, entre otros tópicos. Estas políticas constituyen los ejes del Derecho de Desarrollo Sustentable, es decir el económico, el sociocultural y el ecológico o Ambiental. El Derecho de Desarrollo Sustentable significa satisfacer nuestras necesidades presentes pero sin comprometer a las generaciones futuras.

Ver: http://www.parquechasweb.com.ar/parquechas/notas/Nota_reportajecapelluto.htm

CRISIS DE LA CONSTRUCCION

INFORME

Urbanización Salvaje

ParqueChasWeb recibió en su redacción un informe de la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos, en el cual manifiestan "que la acción de los vecinos porteños en oposición a la proliferación indiscriminada de edificios en altura de perímetro libre (torres), puso al descubierto la política urbana implementada a partir de agosto de 2000 –continuadora de la política de los años 70, 80 y 90". La ONG fundada en 1993 tiene como interés el cuidado de las áreas verdes, para la salud de los habitantes de la Ciudad y Gran Bs As; la costa del Rio de la Plata. Mejorar el ambiente urbano; obtener mejor y más efectiva legislación para protejer los intereses de la población; promover y apoyar la acción de entidades vecinales y otras ONGs con el fin de lograr la efectivización de estos objetivos.En su declaración de principios, la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos afirma que "es una unión amplia de entidades y personas, abierta a todos aquellos que deseen integrarse.Es independiente de todo partido o movimiento político o religioso y no persigue fines económicos. Las entidades participan en la APEVU a través de sus representantes, en un pie de igualdad. Conservan sus individualidades y características propias. Acuerdan por consenso la realización de actividades comunes y eligen una Mesa Coordinadora encargada de poner en práctica sus decisiones. Al mismo tiempo, esta Asamblea está abierta a las personas que en forma individual deseen adherirse". Código de Planeamiento Urbano [CPU] y Evaluación de Impacto Ambiental [EIA]
El actual Código de Planeamiento Urbano [CPU] de la Ciudad de Bs As tiene su origen en el promulgado en 1977 por el entonces intendente de la dictadura, Andrés Cacciatore.Luego, en épocas de gobiernos electos (décadas de 1980/90), las excepciones aprobadas por el ex Concejo Deliberante -autorizando la construcción de mayor superficie cubierta- empeoraron la situación y tomaron el carácter de escandalosas. Como consecuencia de esas “excepciones” y otras modificaciones, el CPU se convirtió en un mamarracho, anotándose las sucesivas reformas en un “plano maestro” de la Ciudad, el cual finalmente desapareció.La acción de los vecinos porteños en oposición a la proliferación indiscriminada de edificios en altura de perímetro libre (torres), puso al descubierto la política urbana implementada a partir de agosto de 2000 –continuadora de la política de los años 70, 80 y 90- cuando la entonces imparable ALIANZA, junto con importantes sectores del PJ porteño, aprobaban en la Legislatura de la Ciudad la Ley Nº 449 de modificación del Código de Planeamiento Urbano [CPU] y la Ley Nº 452 modificatoria de la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental [EIA]. Esto se llevaba a cabo en el marco de una maratónica sesión en la que fueron aprobadas 144 leyes en 48 horas (2/8/2000), aprovechando la mayoría existente en la Legislatura ante la próxima asunción de Aníbal Ibarra como Jefe de Gobierno (6/8/2000).La sanción de este Código había sido rechazada por la abrumadora mayoría de los vecinos y ONGs participantes en dos Audiencias Públicas celebradas en la Ciudad: el 12/11/1997 y -la más importante- entre el 8 y el 15/6/1999, en las cuales participaron entidades miembros de la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos [APEVU] con una posición crítica, exigiendo la Evaluación de Impacto Ambiental [EIA] para las modificaciones propuestas. Esto significaría el conocimiento de los efectos que tendría sobre la Ciudad la aplicación del Código modificado; también se propuso que las tierras nacionales ubicadas dentro de la Ciudad fueran destinadas a espacios verdes públicos, previa rezonificación como Distrito Urbanización Parque [UP].La modificación del CPU aprobada finalmente por la Legislatura, implicó un aumento notable de la capacidad constructiva en la mayor parte de la Ciudad y la resignación de condiciones de vida mínimamente aceptables para los habitantes de futuras viviendas: ambientes más pequeños, menos aire y menos luz; también quedó formalizada la posibilidad de una normativa especial para construir en lotes de más de 2.500 m2.Asimismo, la modificación de la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental, con la aprobación de su modificatoria -Ley Nº 452- dejó liberados los edificios dedicados a vivienda sin importar la superficie a construir.Sintetizando: a partir de agosto de 2000 en Buenos Aires se comenzaba a construir con normativa a medida sobre lotes de más de 2.500 m2 de superficie y sin ningún tipo de Evaluación de Impacto Ambiental [EIA], mediante la simple aprobación de planos por funcionarios de tercera línea. Esta operatoria fue la resultante del acuerdo entre los grandes inversores inmobiliarios, los grupos políticos mayoritarios del momento y la representación corporativa de los profesionales de la construcción (los mismos que ahora protestan por la suspensión de permisos de obra).
Infraestructura colapsada
La proliferación indiscriminada de edificios en altura no sólo pone en peligro de colapso la infraestructura de servicios de la ciudad, sino también la provisión de agua potable a millones de personas en la zona del acuífero Puelche, perforado y con sus aguas contaminadas por las bases de las torres construidas sobre la costa (Puerto Madero, Centro, Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez); esas mismas bases obstruyen el normal escurrimiento de las aguas de lluvia hacia el río a través de la primera napa de agua -efecto conocido como endicamiento de la napa freática- constituyéndose en factor determinante de inundaciones.Asimismo, la red cloacal está colapsada desde hace más de veinte años: los cinco arroyos entubados que atraviesan la ciudad –utilizados originalmente como desagües pluviales- son desde entonces emisores directos de efluentes cloacales e industriales que desagotan "en crudo" en nuestra costanera, aumentando de esta forma la contaminación del estuario. Recordemos que, debido a la deficiente calidad de las aguas, está prohibido bañarse desde 1976 (OM Nº 32.716 por la cual se declaró la “emergencia sanitaria”).También está colapsada desde hace años la red de tránsito y polucionado el aire que respiramos: el actual sistema de autopistas aporta más de un millón de vehículos diarios que arriban y egresan del centro porteño; sumados al millón propio de la Ciudad, configuran un caos diario en el que casi 6 millones de personas y dos millones de vehículos se desplazan conformando un verdadero infierno por las emanaciones tóxicas y los ruidos que superan todos los estándares tolerables. No se puede trabajar, ni siquiera vivir con una ventana abierta a la calle; los diálogos en la vereda son casi imposibles.No obstante, los grandes inversores de capitales desconocidos -asociados con funcionarios, cámaras empresariales y corporaciones profesionales que viven de la construcción y de la especulación inmobiliaria- pretenden continuar agravando este cuadro de situación; van por más, y sin siquiera respetar la mínima normativa existente, conseguida por ellos mismos mediante “lobbys” y presiones de todo tipo. Tal, por ejemplo: el caso de la ampliación del Aeroparque Jorge Newbery sobre tierras públicas adyacentes y con un nuevo relleno costero; el “permiso” dado para la construcción de un estadio para 9.000 personas en Distrito Urbanización Parque en la zona más caótica de Buenos Aires (el predio ocupado por la Sociedad Rural Argentina); la proyectada urbanización de un sector de la playa ferroviaria de Retiro y la permanente recepción de propuestas de explotación inmobiliaria sobre cuanto terreno no se encuentre construido todavía (aún los dedicados a operaciones portuarias).
De las "excepciones", a la Corporación Antiguo Puerto Madero SA [CAPM SA]
La actual normativa para lotes de más de 2.500 m2, que contempla la no aplicación de la EIA, tiene su antecedente en las “excepciones” al CPU y en el desarrollo del emprendimiento comercial producto de uno de los fraudes más grandes del siglo XX sobre tierras públicas: la Corporación Antiguo Puerto Madero SA [CAPM SA]. La transferencia por Decreto de tierras nacionales a esa empresa, su posterior venta a grupos privados y la obtención de normativa especial para construir, viola todo el esquema jurídico vigente.
La costa / los espacios verdes públicos / la vivienda / el Riachuelo
Esta situación de caos provocado por el incumplimiento de normas básicas (Constitución Nacional y de la Ciudad, Código Civil), se da también en la costa porteña, donde muchos sectores, como Punta Carrasco y Costa Salguero, han sido concesionados y no tienen acceso público irrestricto; otros, como el Parque Natural, han sido desnaturalizados groseramente; mientras que, locales comerciales ilegales, como Pacha, Rodizio y Pizza Banana, florecen por doquier en un verdadero aquelarre. Sólo se ha salvado de este proceso –debido a la constante lucha vecinal- la Reserva Ecológica Costanera Sur [RECS].Es también la lucha vecinal la que ha logrado la no desaparición del Parque 3 de Febrero [los Bosques de Palermo], el más antiguo e importante del país. Los funcionarios, clubes y concesionarios que lo ocupan y “los inversores” fueron obligados a retroceder ante un contundente triunfo vecinal que desnudó la apropiación ilícita de importantes sectores, recuperándolos para el uso público.También debemos tener en cuenta que:- a lo largo del siglo XX los espacios verdes públicos parquizados han disminuido en más de un 70% en relación a la cantidad de habitantes (de 7 m2/hab a 2 m2/hab);- en los últimos cuatro años, en medio de un auge inusitado de la construcción, la superficie destinada a vivienda “suntuosa” representa la mayor cantidad de permisos de construcción demandados; sin embargo, el 10% de la población vive actualmente en “villas”, otro 10% hacinado y otro 30% en viviendas obsoletas;- las empresas instaladas a la vera del Matanza / Riachuelo han contaminado toda la cuenca. Ni los organismos gubernamentales, ni las empresas de servicios (estatales o privatizadas) han sido capaces de frenar esta contaminación extrema y la existencia de población enferma como consecuencia.
El resto de la Ciudad Metropolitana: el Gran Buenos Aires [GBA]Paralelamente, el conurbano vive su propio drama.Durante el siglo XX -hasta aproximadamente la década de 1970- la especulación inmobiliaria y el “planeamiento urbano” fueron desarrollados de hecho por los rematadores de tierras: Kanmar, Vinelli, Lucchetti y otros.En 1913 se sancionó en la Provincia de Buenos Aires la Ley Nº 3.487, llamada "ley de creación de pueblos". Preveía que de cada 14 manzanas de loteo, la número 15 debía ser área verde recreativa. La realidad fue que se remataron tierras en fracciones de 12 o 13 manzanas, sin llegar nunca a la número 15, resultando así la ausencia casi total de espacios verdes en todo el territorio del Gran Buenos Aires [GBA]. Las únicas plazas existentes fueron las originales de cada uno de los municipios históricos y hasta se construyó sobre ellas (San Martín, San Isidro). Los grandes parques de la zona sur -el Pereyra Iraola y los bosques de Ezeiza- son los que dan al conurbano un promedio de espacios verdes por habitante de 0,90 m2/hab, igual a la mitad del vigente en la Ciudad.En la segunda mitad del siglo XX, los alrededores de Buenos Aires duplicaron su población, pasando de 5 millones a casi 10 millones de habitantes; mientras, la Ciudad, seguía manteniendo un nivel estable de 3 millones.Esta gigantesca urbanización con improvisados diseños sin prever el crecimiento y sin ningún tipo de infraestructura indispensable (agua corriente, cloacas, electricidad, gas, asfalto) y sin espacios verdes, también fue “salvaje”, debiendo los vecinos de cada barrio loteado, organizarse para conseguir esa infraestructura de servicios y medios de transporte; todo lo cual era logrado después de grandes esfuerzos.
Ya a finales del siglo pasado comenzó el estallido provocado por las condiciones de "urbanización y desarrollo" descriptas anteriormente. Los bonaerenses no sólo se vieron obligados a usar escuelas, hospitales y plazas y parques de la Cdad de BsAs, por la inexistencia de estas "comodidades" en sus respectivas localidades; también a acudir sus trabajos en "la Capital", viajando en condiciones indignas.Últimamente, en Vicente López los vecinos organizados han tenido que defenderse de las excepciones al Código de Ordenamiento Urbano [COU] -otorgadas por el intendente García y el Concejo Deliberante- las cuales permiten la edificación en altura en zonas hasta ahora vedadas y la enajenación de los rellenos sobre la costa (perdiéndola para su uso público recreativo y destinándola así a emprendimientos inmobiliarios).
Residuos Sólidos Urbanos [RSU]: colapsa el enterramiento de basuraEl enterramiento de residuos iniciado en la época de la dictadura militar a través de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana SE [CEAMSE] -ente compuesto por la Provincia y la Ciudad de BsAs, que encarga sus trabajos a empresas privadas- ha contaminado centenares de hectáreas del Gran BsAs que ya no podrán tener otro uso, napas de agua que nunca volverán a ser potables y enfermado a importantes grupos de población.SYUSA, perteneciente al grupo Techint, y otras empresas, pese a no cumplir con las normas contractuales sobre enterramiento y a quedarse con las tierras rellenadas más otras adyacentes, siguen cobrando suculentas sumas. Sólo las actuaciones judiciales y las movilizaciones vecinales están frenando la continuación del daño.Mientras tanto, de la crisis del 2001/2002 surgió el reciclado de los RSU asociado a la miseria extrema. Los cartoneros han logrado reciclar más del 25% del volumen de residuos producidos, mientras los funcionarios -del Gobierno de la Ciudad de BsAs o de los municipios- no pueden garantizar la realización de estas tareas con las mínimas condiciones sanitarias y de seguridad laboral previstas por la Ley Nº 992. Entretanto, el presupuesto de la Ciudad para pagar a las empresas recolectoras, se cuadruplicó.
El Estado Nacional: el mayor tenedor de tierras en la Ciudad Metropolitana
En la Ciudad de BsAs, el Estado Nacional es poseedor de aproximadamente 340 hectáreas que pertenecían a antiguas playas de maniobras ferroviarias, cárceles a demoler, instalaciones militares desactivadas, el Mercado de Hacienda, etc. En el Gran BsAs, esta cifra supera las 8.000 has, de las cuales corresponden sólo a Campo de Mayo, aproximadamente 5.000 has.La Constitución Nacional otorga facultades únicamente al Congreso de la Nación para "Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional" (art. 67 - inc. 4º de la CN de 1853 y art. 75 - inc. 5 de la de 1994). No obstante, diferentes administraciones nacionales, de la Ciudad o de los municipios han optado por enajenar a través de Decretos o simples Convenios firmados por Intendentes o Jefes de Gobierno.Otra vía no constitucional ha sido la de crear organismos como la Comisión de Ventas de Inmuebles Estatales, el ENABIEF y su sucesor el Organismo Nacional de Administración de Bienes [ONABE] o sociedades anónimas como la Corporación Antiguo Puerto Madero [CAPM SA], transferirles las tierras y concederles facultades para enajenarlas. La metodología fraudulenta aplicada para liquidar tierras públicas constituye una actitud constante en casi todas las administraciones nacionales y municipales, desde las más represivas hasta las más democráticas.
El Plan Urbano Ambiental [PUA]
La Constitución de la Ciudad de Bs As (art. 29) prevé la realización de un Plan Urbano Ambiental [PUA] "elaborado con participación transdisciplinaria de las entidades académicas, profesionales y comunitarias … que constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras públicas" y, según la Ley Nº 71 que lo instrumenta, se ha constituido un Consejo del Plan Urbano Ambiental [CoPUA] que "… garantizará el carácter transdisciplinario;... Realizará convocatoria pública a las entidades académicas, profesionales y comunitarias … y constituye una Comisión Asesora Permanente Honoraria, con aquellas de acreditada trayectoria y representatividad reconocida …. La comisión participará de la elaboración, revisión, actualización y seguimiento del Plan Urbano Ambiental o de sus instrumentos vinculados".En la Provincia de BsAs, ningún municipio tiene en su legislación figura semejante. Si bien no se ha logrado llevar a feliz término la definición del Plan Urbano Ambiental encomendado por la Constitución, las organizaciones vecinales (muchas de ellas miembros de APEVU) constituidas en Comisión Asesora Permanente Honoraria [ComAPH] se autoconvocaron, nombrando sus autoridades y dándose también su propio Reglamento, en junio de 2000. Desde entonces y hasta diciembre de 2002 la ComAPH presentó innumerables trabajos y propuestas para un Plan Urbano Ambiental [PUA] y cuestionando lo efectuado por el CoPUA en ese sentido. El incumplimiento por parte de las sucesivas autoridades de Planeamiento Urbano del GCBA, de lo establecido en la Ley Nº 71, obligó a miembros de la ComAPH a iniciar acciones judiciales para paralizar el tratamiento del PUA en la Legislatura porteña. La carpeta de emprendimientos inmobiliarios sobre las últimas tierras libres de la Ciudad (tal era el carácter del PUA pretendido), quedó desactivada.Posteriormente, en 2005, el Poder Ejecutivo creó un nuevo organismo llamado Foro Participativo Permanente, para intervenir "en la actualización del Plan" -como si ya existiera un Plan aprobado- y constituyó una nueva ComAPH digitada.
Continuidad e interacción
La continuidad del tejido urbano entre la Ciudad y el Gran BsAs -la Ciudad Metropolitana- y la interacción permanente de una población de casi 13 millones de habitantes, hacen necesaria una visión de conjunto a la hora de proponer soluciones en un intento de paliar esta grave situación, aunque "la posibilidad de que el Área Metropolitana sea un área de planeamiento integrada, es cada día más remota al afianzarse los absolutismos políticos sobre la ciudad autónoma y sobre los 22 cotos de los partidos del Gran BsAs, nodos de poder e influencias crecientes que se concentran para negociar réditos corporativos" (PUR Marta Dodero / obra citada).
La propuesta Metropolitana
- Declaración de la emergencia socio-ambiental metropolitana.
- Elaboración de un Plan Urbano Ambiental [PUA] de la Ciudad Metropolitana con representación vecinal y profesional transdisciplinaria.
- Establecimiento de un Sistema Metropolitano de Grandes Parques en base a las tierras del Estado Nacional desafectadas de sus antiguos usos (ferroviarias, militares, etc.)
- Constitución de una Autoridad Única de Cuenca, con representación vecinal, para resolver los problemas de contaminación de las cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista.
- Elaboración de un Plan de Viviendas Sociales en la trama ya urbanizada,utilizando inmuebles ociosos del Estado Nacional, Provincial, de la Ciudad y municipales.

Ver: http://www.parquechasweb.com.ar/parquechas/notas/Nota_urbanizacionsalvaje_4_07.htm

TODO COLAPSA!!!

ENTE REGULADOR DE LA CIUDAD
Revelan que el tránsito vehicular y el medio ambiente porteños, están al borde del colapso
El 90 % de la contaminación ambiental de la Ciudad de Buenos Aires es producida por el transporte automotor. Y cada año se incrementa un 10 % la cantidad de autos particulares que circula por la Capital Federal.

Un reciente documento publicado por el Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Carlos Campolongo, puso en evidencia la delicada situación que atraviesan el tránsito vehicular y el medio ambiente porteños. Los datos surgieron de la Jornada "Diagnóstico y Previsiones sobre los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Los casos de la movilidad y la higiene urbana", llevada a cabo por el organismo de control el 30 de noviembre último. Allí expusieron el arquitecto Gustavo Diéguez, profesor titular de Urbanismo de la Universidad de Palermo; Marcelo Vensentini, ministro de Medio Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires; el arquitecto Miguel von Rozenberg, director del Ente Regulador de la Ciudad, y el propio Campolongo.
"Diariamente ingresan 1.470.000 vehículos a la Ciudad de Buenos Aires. También hay cerca de 1.800.000 autos patentados y la cantidad de coches que circula aumenta un 10 por ciento más cada año. Bajo estas condiciones, la proyección para 2010 será de tres millones de vehículos atravesando la Ciudad entre móviles propios y de la provincia. Además hay 20 millones de viajes diarios entre transporte público y vehículos particulares en el área metropolitana, un 44 por ciento más que en 1970. Un programa de las Naciones Unidas afirma que el 90 por ciento de la contaminación ambiental en Buenos Aires pertenece al transporte automotor", son algunas de las conclusiones del documento.
El informe también señala que la basura es el principal problema ambiental que tiene la Ciudad y que el 30 por ciento de las emisiones contaminantes que se producen en su ámbito -parte de los gases responsables del efecto invernadero- proviene del metano de los rellenos.
"No vamos a construir el paraíso terrenal en una ciudad del siglo XXI, pero podemos aprender a convivir con este malestar buscando el acatamiento a las normas y el cumplimiento de los proyectos", expresó Campolongo.

Ver: http://www.parquechasweb.com.ar/parquechas/notas/Nota_colapso_transito_mamb.htm

PATERNAL y CABALLITO: LA MISMA LUCHA

Diario PAGINA 12, 17 de Febrero de 2007.-

Otra discusión por las torres
El proyecto de once edificios de 17 pisos en los terrenos del Albergue Warnes tiene enojados a los vecinos. Que reciben solidaridad de los también preocupados vecinos de Agronomía. Y todos siguen el ejemplo de Caballito-Flores. Un debate que aumenta y nadie atiende realmente.

Por Sergio Kiernan

Para nuestra desgracia general, hay sólo dos maneras en que se hablan los temas a largo plazo de la ciudad. Una es la enrarecida pero necesaria de los profesionales, que resulta en planos urbanísticos muy bonitos, palabras polisilábicas y un abanico de posibles soluciones a posibles problemas. Por desgracia, los problemas de una ciudad son eminentemente políticos, no técnicos, con lo que caemos en el segundo nivel de debate. Y allí el silencio es enorme: Buenos Aires anda a los tumbos con un código que permite cosas que sus pobladores rechazan con vehemencia y son raras las políticas públicas que le cierren a alguien, como el programa de extensión de los subtes.
El tema viene a cuento por la cuestión de las torres, que fueron licenciadas por nuestra Legislatura con abandono total y aceptadas por el Ejecutivo con la habitual mezcla de ideas fallutas y timideces. Todo el mundo sabe que esta ciudad tiene una y sólo una ventaja comparativa frente a sus pares latinoamericanas: su baja densidad y la moderada altura de sus edificios. Pero al político porteño le cuesta y mucho construir un discurso que no confunda progreso con novedades, y mucho más oponerse al formidable negocio de las constructoras.
Para peor, buena parte de lo que pasa por inversión productiva es en realidad construcción, que en tiempos idos era considerado consumo pero que en estos en que hay que mostrar avances, fue reclasificado como “inversión interna”, como si fuera una fábrica de locomotoras. Toda la lógica de los números lleva a que las constructoras tengan las de ganar, desde la Rosada o el Gobierno porteño. Ni hablar de los arquitectos como clase, paralizados de timidez ante la sola idea de oponerse a un negocio que, al final, beneficia a un puñadito de colegas y a nadie más.
Pero la política odia los vacíos y la falta de debate abierto está siendo ocupada por vecinos sueltos, asambleas y grupos barriales. En este ámbito de democracia directa hay una actitud clarísima: las torres son una lacra, hay que pararlas antes de que se lleven por delante la ciudad y la transformen en una serie de masas edificadas. Los vecinos de Primera Junta salieron a la calle, sorprendieron a todos y forzaron al Gobierno porteño a una moratoria de obras que terminó esta semana.
Otro frente de tormenta está naciendo en Agronomía y Paternal, una zona de grandes espacios despejados que se ve venir la próxima oleada de “desarrollo”. El problema se centra en el gran terreno donde estuvo por años esa ruina que fue el Albergue Warnes, que fue dividido en dos manzanas de gran porte y aloja hoy un Easy y un Carrefour en una, y una escuela, un parque municipal y cuatro terrenos privados en otra. La manzana comercial, sobre la calle Warnes, será completada con un shopping construido a medias por Carrefour, que pone el terreno, y el empresario macrista Carlos De Narváez, que pone –según él– 60 millones de dólares para un edificio de dos grandes tiendas y 150 locales.
Este proyecto alarma a los vecinos más que nada en función del otro, el de hacer once torres de 50 metros de altura, de entre 17 y 18 pisos, y un total de 145.000 metros cuadrados. Como señala Valentina Bari, que es parte de los Vecinos de la Isla de Paternal –el barrio más cercano al emprendimiento y llamado “isla” porque viene a quedar entre Chacarita y Agronomía–, el shopping tiene sentido económico sólo si se hacen las once torres.
Los futuros edificios, que construirá la empresa Sadia, están emplazados en la gran cuadrota verde de un modo maquiavélico. El terreno es vagamente cuadrado y fue recientemente parquizado y arbolado, con un mínimo de juegos y bancos, por la ciudad. El plan es construirle un lago y un anfiteatro, para aumentar su uso en una zona escasísima de espacios abiertos y públicos. Lo conveniente del asunto es que Sadia tiene cuatro fragmentos estratégicos: dos esquinas, un terreno entre medio de las dos esquinas, y un lado completo, el que da a la vieja Química Estrella. Así, el complejo de torres quedará perfectamente integrado a la plaza, tanto que ésta le va a funcionar de jardín privado. Bastará que el Gobierno porteño decida enrejar el predio, como viene haciendo con todos los parques grandes, para que el efecto sea psicológicamente privatizante. Entre las torres quedará la flamante escuela, construida por Carrefour como parte del contrato de compra de su terreno.
¿Y por qué molesta tanto esto? Después de todo, esta zona de Buenos Aires fue urbanizada hace algo más de un siglo como un conjunto de grandes espacios utilitarios, mezcla de parque industrial con hospitales semirrurales (el último grito de la tecnología sanitaria de la época), Facultad de Agronomía y barriadas obreras. El único cambio sustancial fue la urbanización alrededor, el empedrado y luego el asfalto, y el aumento del tránsito de pasada. Básicamente, la calle Warnes, por mencionar a una conocida, tiene el mismo perfil que hace medio siglo y las mismas funciones que hace uno.
Pues a los vecinos les encanta esto y no ven por qué la renovación de su lugar en el mundo tiene que pasar por las torres. Agronomía y Paternal tienen amplios cielos, típicos de la ciudad de planta baja y primer piso, un ritmo tranquilo y una infraestructura que simplemente no resiste la saturación porque ni en sueños fue pensada para altas concentraciones. Para dar un ejemplo, Bari recuerda que cuando construyeron el Carrefour comenzaron las anegaciones locales, puesto que el terreno construido ya no absorbía el exceso de aguas, como antes. Hubo que construir reguladores y otras instalaciones para frenar el problema.
Lo de las once torres y su shopping complementario es, según los vecinos isleros, la punta del ovillo. Los de Agronomía, con los que ya están en contacto, les completan la foto hablando de la cantidad de demoliciones en su barrio, la cantidad de proyectos de torres y el constante Jesús en la boca que tienen por los proyectos para construir dentro de la rural facultad, tanto para la UBA como para otros. El miedo son las torres, no el cambio, como muestra que, por ejemplo, a nadie le altere en lo más mínimo el proyecto de reciclar la fábrica Estrella para lofts: los nuevos vecinos serán bienvenidos.
En resumen: las torres. Esta tipología es particularmente brutal y colonialista del espacio inmediato, y muestra la fealdad de la arquitectura utilitaria actual en toda su violencia. Es curioso, pero nadie las quiere o respeta, nadie las ve como un progreso sino como un problema a frenar. En Agronomía y Paternal ya se habla abiertamente de amparos y acción política en las calles, y a nadie parece intimidarlo la amenaza de juicios por perjuicios con que las constructoras quieren prepear a los de Caballito.
Y pensar que en La Plata todo esto se resolvió tan fácil: se prohibieron las torres y hubo un boom constructivo aun mayor, sólo que el negocio no quedó para cuatro grandes monopolios sino que, al ser en menor escala, se democratizó entre muchos actores más.
Una buena fuente para seguir este conflicto es el portal de Parque Chas, la publicación virtual que dirige Fernando Belvedere en www.parquechasweb.com.ar.

Ver: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10-1137-2007-02-17.html

EL GCBA NO SOLUCIONO EL FONDO DEL PROBLEMA

Diario CLARIN, 16 de Febrero de 2007.-

POLEMICA POR LAS CONSTRUCCIONES : TERMINO LA VEDA PARA NUEVOS PERMISOS DE OBRA EN VILLA URQUIZA, COGHLAN, NUÑEZ, PALERMO, VILLA PUEYRREDON Y CABALLITO Con más condiciones, vuelven a construir torres en seis barrios
Las constructoras deberán presentar, entre otros requisitos, un certificado que demuestre que no afectarán la provisión de agua. En dos zonas de Caballito y Palermo hay amparos y sigue la prohibición.

Pablo Novillo
pnovillo@clarin.com

El Gobierno porteño dio ayer por terminada la veda de 90 días a la construcción de edificios en seis barrios porteños. Y tal como se esperaba, introdujo nuevos requisitos para permitir las obras. Pero, aunque las medidas fueron anunciadas como una salida equilibrada al problema, tanto vecinos como constructores siguen manteniendo dudas y críticas.El jefe de Gobierno Jorge Telerman y su ministro de Obras Públicas, Juan Pablo Schiavi, hicieron el anuncio en el salón blanco de la sede de la Comuna. De un lado, estaban sentados representantes de organizaciones vecinales (incluso de barrios no incluidos en la veda). Del otro, directivos de diversas entidades de la construcción. "Dispusimos la veda porque era imperioso meternos en el tema y generar un espacio de discusión sobre el modelo de Ciudad que queremos. Somos aliados de la construcción, pero defendemos los intereses de los ciudadanos. Estas nuevas medidas deben llevar seguridad jurídica y tranquilidad", afirmó Telerman.La veda afectó a Caballito, Palermo, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y Núñez, que el año pasado habían concentrado el 47% de los permisos otorgados, y cuyos metros cuadrados construidos cuadruplicaban la media histórica de la Ciudad. La decisión llegó por las crecientes protestas vecinales contra las torres y tras un fallo de la jueza Alejandra Petrella, que frenaba los permisos de obra para 16 manzanas de Caballito. A su vez, hace una semana se conoció otro fallo, de la jueza Patricia López Vergara, que hizo lo mismo en 45 manzanas de Palermo, en Las Cañitas y La Imprenta.En estos tres meses, el Gobierno les pidió a las empresas de servicios públicos que informaran cómo está la infraestructura, si podía soportar más construcciones o no. Todas respondieron que no había problemas, salvo AySA, con la que la Comuna firmó un convenio para hacer obras de cloacas y agua corriente (ver "Obras en...").En base a esos informes, la Ciudad decidió que quienes quieran construir en los barrios afectados deban presentar un certificado de AySA que garantice que la obra no afectará la infraestructura (salvo en Núñez, donde no registraron inconvenientes).El otro cambio viene por el lado de los estudios de impacto ambiental. Hasta ahora, estaban obligados a presentarlos los proyectos para construir 10.000 m2 o más. Desde ahora, deberán hacerlo los que superen los 5.000.En tanto, se armará una comisión interministerial que avalará esos estudios de impacto. Y que podrá hacer otros para analizar ya no cada obra sino zonas enteras. "Con el requisito del certificado de AySA más los estudios de impacto globales que haremos, consideramos que será suficiente para levantar los fallos de las juezas que frenan los permisos en Caballito y Palermo", aseguró el procurador de la Ciudad, Agustín Zbar.Por otra parte, el Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto para el Plan Urbano Ambiental, la ley marco que definirá qué se podrá construir en Buenos Aires. Y formará una comisión, de la que participarán vecinos, para evaluar dónde se tiene que invertir en infraestructura. También prometieron mejorar los controles de las edificaciones en marcha y generar políticas para que no sólo se construya en los barrios más requeridos por el mercado sino también en zonas postergadas, concretamente en el Sur.

Los anuncios realizados por el Gobierno porteño para encontrar una salida al problema de la construcción fue recibido con cautela y algunas críticas tanto entre los vecinos como en el sector de la construcción.Hugo Mennella, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, fue uno de los más escépticos: "Hay que leer el decreto en detalle, pero la primera sensación es que pusieron el carro delante del caballo. Si hay inconvenientes con los servicios, el Estado debe exigir que se hagan obras, pero no que los constructores tengan que pedir un certificado. Además, hasta ahora no nos supieron explicar cómo se tramitará el certificado con AySA. Y mientras tanto, ¿cómo hacemos para tasar un terreno, si ni siquiera sabríamos cuánto se podrá construir?".Fernando Esquerro, presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda, afirmó: "Tenemos dudas, hay que ver cómo se implementa el decreto. Sigo pensando que si el problema es que faltan cloacas, la solución es hacerlas".Francisco Gallichio, de la Cámara Argentina de la Construcción, fue más optimista: "Por lo pronto, tras los 90 días de paralización, ahora sabemos que la veda se terminó y que no hay problemas con la mayoría de los servicios. Y en el caso de aguas y cloacas, que se firmó un convenio con AySA para solucionarlos. Ahora hay que ver cómo reaccionan los inversores, si vuelven a confiar o no".Del lado de los vecinos también hubo cuestionamientos. Los abogados Osvaldo Sidoli y Alejandra Butti, que patrocinan varios de los amparos anti-torres, señalaron: "Es una solución parcial. El problema con las obras ya en marcha sigue existiendo, y también siguen habiendo muchas obras irregulares. Por otra parte, no aclararon cómo será el certificado de AySA, y no sabemos qué pasará si en una zona donde hoy hay infraestructura suficiente se sigue construyendo, hasta cuando alcanzará".La oposición política también habló. Alvaro González, legislador macrista y presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, dijo: "Los anuncios confirman que los reclamos de varios vecinos eran legítimos, que había problemas. Además, en la Legislatura ya veníamos trabajando en un proyecto para exigir el certificado de las empresas de servicios, estábamos adelante de los anuncios del Ejecutivo. Ahora hay que ver cómo se ponen en marcha estos anuncios".Pero el más duro de todos fue el diputado Marcelo Meis, de Recrear y presidente de la Comisión de Vivienda, quien no dudó en asegurar: "Esta es una aberrante entrega al ministro Julio De Vido de un poder de decisión que debe estar a cargo del Gobierno porteño, que en caso de que sea necesario debe exigirle a AySA que realice las obras".

Ver: http://www.clarin.com/diario/2007/02/16/laciudad/h-04415.htm

EL DECRETO DE TELERMAN NO ALCANZA...

Diario CLARIN, 14 de Febrero de 2007.-

POLEMICA POR LAS CONSTRUCCIONES : MAÑANA TERMINA LA VEDA PARA NUEVOS PERMISOS DE OBRA EN SEIS BARRIOS PORTEÑOS Presentan 11 amparos más para frenar nuevas torres en Capital
Vecinos de Caballito, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y Palermo buscan que siga la prohibición, pero por vía judicial. Dicen que el boom de las torres hace colapsar los servicios. La Comuna anunciará medidas.

Pablo Novillo
pnovillo@clarin.com

Mañana vence la veda de 90 días impuesta por el Gobierno porteño a los permisos para construir edificios en seis barrios. Pero el freno a la construcción podría mantenerse en varios sectores de la Capital. Es que, luego de que dos fallos judiciales bloquearan las autorizaciones para 16 manzanas de Caballito y 45 de Palermo, más vecinos presentaron recursos de amparo buscando resoluciones similares. La Comuna informó que hay otros ocho expedientes, pero Clarín averiguó que a esos se les suman al menos tres más.Las dos medidas cautelares vigentes en Caballito y Palermo fueron firmadas en noviembre por la jueza Alejandra Petrella, y la semana pasada, por Patricia López Vergara (ver Deben...). Exigen que se haga un estudio de impacto ambiental antes de autorizar las obras, porque los vecinos dicen que harían colapsar los servicios públicos.Pero a estas se suman las 11 mencionadas: según la Procuración de la Ciudad, otros vecinos presentaron cinco recursos de amparo más para diversas zonas de Caballito y otros tres para sectores de Villa Urquiza. A su vez, los abogados María Alejandra Butti y Osvaldo Sidoli, que patrocinaron las dos medidas cautelares favorables, comentaron: "Presentamos un recurso para unas 20 manzanas en Villa Pueyrredón. Otro para la zona de Juan B. Justo, Dorrego, Córdoba y Santa Fe, en Palermo Hollywood. Y un tercero para Directorio, Mitre, Rivadavia y Malvinas Argentinas, en Caballito". Además, hay vecinos de La Paternal, Coghlan y otras partes de Caballito y Urquiza que irían a la Justicia.Mañana el Jefe de Gobierno, Jorge Telerman, anunciará el nuevo decreto que hace caer al 1929. Y ante este alud de presentaciones, el Gobierno porteño tomó una decisión llamativa. Agustín Zbar, procurador porteño, aseguró: "Pediremos que todas las causas sean tratadas por el juzgado de Petrella, porque fue la primera que se pronunció sobre el tema. La discusión es compleja, y no queremos que haya criterios dispares, que cada juez firme una medida distinta".Si finalmente Petrella tomara a su cargo todas las causas, la lógica indica que aplicaría el mismo criterio. Es decir, que podría extender los frenos a los permisos a los barrios donde lo pidan los vecinos. Esto seguiría trabando las construcciones, aún cuando termine la veda de 90 días.¿Por qué el Gobierno promueve una situación así? Hay una primera hipótesis: que el Ejecutivo de Telerman, en pleno año electoral, no quiere quedar mal con la gente. Entonces, preferiría que las polémicas obras sigan frenadas, aunque no por ellos sino por la Justicia. Zbar aseguró: "Apoyaremos los reclamos vecinales si son legítimos".Hay otra hipótesis: el Gobierno presentará por estos días las nuevas medidas para las construcciones. Entre otras cosas, comenzará a exigir que todos los proyectos de obra, para ser aprobados, presenten un certificado de las empresas de servicios públicos en el que conste que la construcción no pondrá en riesgo los servicios. Si la jueza entendiera que este requisito es suficiente, al manejar todas las causas podría levantar las trabas más rápidamente. Así, la Ciudad podría decir que solucionó el problema, porque los constructores podrían hacer sus edificios pero los vecinos tendrían más garantías de que no se verían perjudicados.Un dato: la jueza Petrella sufrió un accidente, y no se sabe cuándo vuelve a trabajar. Fernando Esquerro, de la Asociación de Empresarios de la Vivienda, afirmó: "Los amparos no correspondían. Más que pedirnos certificados el Gobierno debería exigirles a las empresas de servicios que hagan las obras necesarias".Por otra parte, nueve constructoras iniciaron amparos contra la veda. Pero al cumplirse los de 90 días, perderían importancia. Y otra empresa demandó por daños y perjuicios a dos vecinos de Caballito que organizan protestas contra las torres. "Esa demanda no contribuye a la discusión", comentó Zbar.

Ver: http://www.clarin.com/diario/2007/02/14/laciudad/h-04401.htm

EL DECRETO DE TELERMAN ES INSUFICIENTE

NO TENEMOS NADA PARA FESTEJAR

El Decreto Nº 220/07 firmado por el Jefe de Gobierno, respecto a la construciión de edificios en la Ciudad, resulta insuficiente por varias razones:

1. El certificado de factibilidad de AySA se concederá automáticamente a los 30 días, ante el silencio de la empresa. ¿Por qué no hacerlo al revés? Es decir, que si AySA nada dice, se entiende como no concedido (debe recordarse que el silencio de la Admnistración, en materia de derecho administrativo, debe entenderse como una negativa).
2. ¿Qué pasa con las obras en curso? El conflicto se desató por las construcciones actuales, mientras que el Decreto regula las construcciones a futuro.
3. ¿Por qué no se prohíben las torres, tal como se hiciera en La Plata? Lejos de detener la inversión, fomentó el desarrollo de Pymes de la construcción y el desarrollo de edificios no tan altos.
4. Si bien se bajó el metraje para requerir estudio de impacto ambiental, nada dice la norma acerca de la obligatoriedad de convocar a auiencias públicas.
5. El GCBA parece vivir en unaa burbuja, ya que considera que el único servicio que va a colapsar es el de aguas y cloacas. ¿Y la electricidad? No olvidemos los actuales y constantes cortes de luz en Caballito. Lo que sucede es que la única empresa que puede reconocer que no hizo las inversiones necesarias para una correcta provisión del servicio es AySA, porque es estatal; si las privatizadas reconocen su innoperancia, se les cae la concesión.
6. El GCBA pretende que con un estudio de impacto ambiental que ellos hagan, se levanten los juicios. Nada más ridículo: ¿Cómo va a hacer un estudio quien es parte en un proceso judicial? En todo caso, lo deberá realizar un perito designado por el Juez.

En conclusión, el Decreto genera más dudas que certezas. Seguiremos trabajando para detener la contrucción indiscriminada de edificios...

MAS SOBRE LA ABSURDA MANIOBRA DE KOAD SA

Diario Clarín, 13 de Febrero de 2007.-

ACCION LEGAL DE UNA EMPRESA CONTRA DOS VECINOS DE CABALLITO Por protestar contra las torres, los demandó una constructora
Los acusa de daños y perjuicios. Según la compañía, sus denuncias son falsas.

Después de varios fallos judiciales y un decreto del Gobierno porteño que desde el año pasado pusieron freno al levantamiento de torres en distintos barrios de la Ciudad, los constructores parecen no querer ceder toda la iniciativa. La com pañía que está a cargo de las obras de dos edificios de 34 pisos en Caballito demandó por supuestos daños y perjuicios a los dos principales activistas de la protesta barrial contra las torres, integrantes de las organizaciones S.O.S. Caballito y Protocomuna Caballito.Se trata de la firma Koad, que asociada con Irsa —la mayor inversora inmobiliaria argentina—, está a cargo de un impactante proyecto en la manzana delimitada por las calles Felipe Vallese, Colpayo, Rojas y Arengreen. Son dos torres de 34 pisos, sobre un terreno de 7.500 metros cuadrados. IRSA le cedió el terreno a Koad para que construya a cambio de 7.500.000 dólares y además se quedará con 118 departamentos y 55 cocheras cuando el proyecto esté terminado el año próximo. En total habrá cerca de 500 departamentos.Los representantes de Protocomuna Caballito, Gustavo Desplats, y de S.O.S. Caballito, Mario Oybin, fueron citados para el lunes próximo a una audiencia de mediación, que es el paso previo obligatorio para el comienzo de un juicio civil.El abogado de Koad no atendió ayer el llamado de Clarín, pero cerca de la compañía dijeron que la demanda es por "las falsas denuncias que esta gente presentó contra la obra. Ellos han dicho ante muchos micrófonos que nuestro proyecto es ilegal y hasta nos han pintado el frente de la obra. Nosotros tenemos todos los papeles en regla de parte del Gobierno porteño y de AySA, Metrogas y Edesur, que nos han garantizado los servicios. Esta calumnia nos genera un perjuicio y por eso vamos a la Justicia".En respuesta, los vecinos convocaron a una nueva concentración para el lunes, el día de la mediación, y aseguran que insistirán con sus reclamos. "Tenemos el derecho inalienable de expresarnos. Me sorprende que por habernos manifestado contra dos torres que afectan seriamente al barrio tengamos que someternos a una demanda", opinó Oybin.Desplats —quien estaría vinculado con Compromiso K, agrupación que lidera Carlos Zaninni, secretario Legal y Técnico de la Presidencia—, dijo que "no menos de 30 vecinos han denunciado esta obra y próximamente vamos a presentar un amparo para que la Justicia la frene".

Ver: http://www.clarin.com/diario/2007/02/13/laciudad/h-03901.htm

CRIMINALIZAN LA PROTESTA VECINAL

Página 12, 13 de Febrero de 2007.-

UNA EMPRESA DEMANDA A LOS VECINOS QUE PROTESTAN CONTRA LAS TORRES
Las constructoras no se rinden
Una compañía que levanta dos torres en Caballito inició un juicio por daños y perjuicios contra dos de los dirigentes que encabezaron las protestas. Lo hace en la misma semana en que el gobierno porteño debe definir lo que hará tras la veda para nuevos edificios.

Por Eduardo Videla

Ahora, las empresas que construyen torres en la ciudad, contraatacan. Al menos una de ellas –la que construye dos torres en el barrio de Caballito– le inició una demanda por daños y perjuicios a dos dirigentes vecinales, los más activos en la movilización en contra de la edificación indiscriminada de construcciones de gran altura. Se trata de una demanda por daños y perjuicios, cuyo primer paso se dará el lunes, en una audiencia de mediación entre la empresa demandante y los dos dirigentes vecinales. Lo curioso es que la empresa no está afectada ni por el decreto del gobierno porteño que frena los nuevos permisos de obras en seis barrios ni por la medida judicial que había dispuesto lo mismo en dieciséis manzanas de Caballito. La obra continúa a toda máquina. Los vecinos se quejan porque aseguran que fue autorizada sin que se haya realizado el estudio de impacto ambiental y la audiencia pública a la que obliga la ley.
La empresa constructora es Koad SA y la obra que construye ocupa un amplio espacio de 7500 metros cuadrados en la manzana comprendida por las calles Felipe Vallese, Colpayo, Arengreen y Rojas, en el barrio de Caballito. Los vecinos que se oponen a la construcción de torres protagonizaron el 24 de enero último una movilización frente a esa obra para denunciar lo que consideran una construcción irregular.
Los demandados son Gustavo Desplats, titular de la asociación Protocomuna Caballito, y Mario Oybin, dirigente de SOS Caballito, la entidad que logró el recurso de amparo de la Justicia porteña, el 7 de noviembre último, para frenar nuevos permisos de obra en un sector de Caballito. Además de los dos vecinos, resultó demandada la primera de las organizaciones.
Los demandados recibieron el jueves pasado una carta documento con una citación a una audiencia de mediación privada, que se llevará a cabo el lunes a las 15 en Uruguay 572, en el estudio de la mediadora, María Cristina De Ponti Lezcano. Se trata del paso previo, obligatorio por ley, antes del inicio de un juicio civil. La acción judicial está motorizada por la empresa Koad S. A., que construye el complejo Nuevo Caballito, dos edificios en torres de departamentos.
“Están apretando para asustar a los vecinos. Es una maniobra de presión psicológica, pero ninguno de nosotros va a dar marcha atrás por esto”, dijo a Página/12 el abogado Osvaldo Sidoli, quien junto con Alejandra Butti, representa a los vecinos de Caballito.
El letrado dijo que desconoce los motivos por los cuales la empresa inició la demanda a sus clientes. “Será por la declaración de algún vecino a algún medio, durante la marcha, pero realmente no hay motivos que indiquen que se ha producido un daño a la empresa”, dijo el abogado.
“Los que nos demandan son socios en este proyecto de la multinacional IRSA, del magnate George Soros, que es dueña del terreno y va a recibir 25 por ciento de las unidades funcionales como su parte en el beneficio”, indicó Gustavo Desplats, de Protocomunas Caballito.
El dirigente advirtió que el Gobierno de la Ciudad no convocó a la audiencia pública “a la que lo obliga la ley 123 por el impacto ambiental de cualquier obra mayor a 2500 metros de base y 10 mil metros cubiertos, siendo que Nuevo Caballito tiene 7500 metros y 42 mil metros respectivamente.” “No tenemos ninguna duda de que estas torres van a desmejorar el barrio”, añadió.
Tras la movilización de enero, los vecinos de Caballito se entrevistaron el viernes pasado con el ministro de Planeamiento y Obras Públicas, Juan Pablo Schiavi. No solo le hicieron llegar su preocupación por lo que ocurrirá después del jueves –cuando finalicen los 90 días de veda para los permisos de nuevas construcciones en seis barrios de la ciudad–, sino que llevaron el reclamo por la construcción de estas torres que, según averiguaron, se estaban construyendo sin los obligatorios estudios de impacto ambiental.
“La construcción fue catalogada como de irrelevante impacto ambiental y por eso se la eximió del estudio y la audiencia pública”, advirtió el abogado Sidoli. Pero la ley 123 de impacto ambiental dice que cuando una construcción tiene más de 10.000 metros cuadrados de superficie cubierta, debe hacerse un estudio. Y esta obra tiene en total 42.000 metros cuadrados”, insistió.
Los vecinos dejaron entrever las sospechas de que pudo haber algún acto de corrupción para la aprobación de la obra. El expediente está en la Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro de la Ciudad, donde ayer fue imposible obtener información para aclarar la situación de la obra.
Los vecinos se oponen a la construcción de dos torres de 120 metros cada una, de entre 440 y 470 departamentos, a razón de siete por piso y con capacidad para unas 1200 personas, “en el barrio de mayor densidad de habitantes por kilómetro cuadrado del país”, explicó Desplats.
La construcción comenzó a fines de 2006 y ya están terminados los cimientos, por lo que la obra está a nivel del suelo. De acuerdo con el cartel de obra, el complejo edilicio tendrá entrada por las cuatro calles que rodean la manzana: Rojas 737/67, Felipe Vallese 701/61, Colpayo 732/62 y Arengreen 874/78. El proyecto y dirección le pertenece al arquitecto Alejandro Aizersztein.
El terreno en cuestión perteneció a la empresa Panificación Argentina. Fue comprado por El Hogar Obrero, y luego de la quiebra de la cooperativa fue adquirido por IRSA. En un sector se instaló el laboratorio Craveri. Según publicó en junio El Cronista Comercial, IRSA cedió los terrenos a Koad a cambio de la construcción de dos torres de 34 pisos, en una operación que alcanzó los 7,5 millones de dólares. IRSA recibió 50.000 dólares y se quedará con 118 departamentos y 55 cocheras.
“Por lo que sabemos, el permiso de obra es de 2002. No puede ser que se tenga en cuenta una evaluación de hace cinco años para una obra, después de todo lo que se ha construido en Caballito”, dijo Desplats a Página/12. Y aventuró una interpretación de la ofensiva empresaria: “Puede ser un tiro por elevación para el jefe de Gobierno, que esta semana tiene que definir lo que va a ocurrir de aquí en más con la construcción de torres en la ciudad”.

Ver: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-80342-2007-02-13.html

LA DEFENSORIA DEL PUEBLO NOS DA LA RAZON

RESOLUCION 4141/06 Defensoria de la Ciudad

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2006.-

VISTO:La actuación nº 7009/06, iniciada de oficio por esta Defensoría del Pueblo y tramitada en la Adjuntía a cargo del arquitecto Atilio D. Alimena, donde se considera la convergencia de distintas actuaciones referidas a construcciones en altura destinadas a vivienda multifamiliar, en aparente violación a las normas urbanísticas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Y CONSIDERANDO QUE:La construcción de edificios en altura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha generado desde fines de la década del ‘80 y especialmente en los inicios de la del ‘90, una sistemática violación a las normas establecidas.Mediando consideraciones especiales y particulares “excepciones”, miles de metros cuadrados de edificación se construyeron sin respetar los Códigos de Planeamiento Urbano y de Edificación y en total desmedro de la calidad de vida de los vecinos.La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, permitió la sanción de la Constitución propia del distrito, la cual incorpora en su Capítulo Cuarto (en los arts. 26 al 30 incluido), todo aquello concerniente a la “Calidad de Vida de los Vecinos” refiriéndose en particular a la “Regulación del uso del suelo, la localización de las actividades y las condiciones de habitabilidad”.Con el mismo concepto de “Calidad de Vida” antes enunciado, se explicita en el art. 30, lo atinente a la obligatoriedad para el estudio de “Evaluación Previa del Impacto Ambiental” para todo emprendimiento susceptible de relevante efecto.Todo lo descrito pone en evidencia la clara intención de los Constituyentes de referir la temática ambiental hacia el concepto de preservación y defensa de los intereses y resguardo de las generaciones presentes y futuras.Con el espíritu mencionado se sanciona en el año 1998 y conforme a los términos del art. 30 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley nº 123 “de Evaluación del Impacto Ambiental”. En los arts. 14º y 15º de la referida ley se enunciaban las actividades o desarrollos que se presumían como de mediano impacto ambiental. Entre ellas se incluía “la construcción de edificios de acuerdo con las condiciones que fije la reglamentación”.Con el paso de los años en lugar de profundizar el concepto “ambiental” tan sensible para los Constituyentes, se trató de simplificar las metodologías de categorización, como resultado de lo cual se sanciona en el año 2000 la Ley nº 452 que, entre otras cosas, deroga los mencionados arts. 14º y 15º de la Ley nº 123.Así, bajo el pretexto de simplificación se desvirtuó el concepto ambiental que la Constitución de la Ciudad contempla. En el caso particular de la construcción de edificios no resulta menor la afectación de los perfiles urbanos, eliminación de visuales, pérdida de la privacidad, pérdida de la luz solar, imposibilidad de la circulación de aire o bien conformación de corredores de viento, podrían ser los factores adversos en un simple y primer análisis de la cuestión.A poco de darse rienda suelta a “la simplificación”, surgen más factores desfavorables de peso a ser tenidos en cuenta en una básica “Evaluación de Impacto Ambiental”: desagües cloacales, suministro de agua corriente, red de alimentación eléctrica, capacidad de estacionamiento, red de circulación vial, espacios verdes de uso público, colegios, servicios de salud, etc.Lo descrito pone en evidencia que la simplificación no sólo ha burlado el espíritu de la Constitución, sino que además ha mancillado la voluntad del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manifestado a través de sus Constituyentes que previamente y mediante el libre ejercicio de la democracia había elegido en las urnas.Mediando a lo largo del tiempo diversas modificaciones a las resoluciones que reglamentaron y modificaron tal reglamentación, ya la Resolución nº 873/AA. Ley 123-SSMA-2004 establecía, en su art. 4º, que “...las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos que se encuadren en rubros previstos en los Cuadros de Usos 5.2.1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (SRE), se considera así categorizados sin necesidad de una declaración expresa por parte de la Autoridad de Aplicación”. Es decir, se obvia la responsabilidad del Estado de categorizar en forma particular cada situación.Sin embargo, esta simplificación hacia referencia a actividades comerciales, industriales o de servicio incluidas en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y de las Pautas de Unificación (Anexo VI del Decreto nº 1352/GCABA/02). Posteriormente, mediante la Resolución nº 61/GCABA/SSMA/05 se incluyó el siguiente texto (Anexo IV) “...Toda obra pública o privada, con una superficie cubierta mayor a 10.000 m2, cualquiera sea su destino, resultará sujeta a categorización (s/C)”.De esta manera, con el pretexto de simplificar, sólo se incluye en la obligación de categorizar las construcciones de más de 10.000 m2. Coherente con este criterio de dar vía libre a grandes construcciones evitando la categorización puntual, el Gobierno emitió en el mes de octubre de 2005 la Resolución nº 104-SSMAMB-05, en la que “atendiendo a los reclamos de distintos sectores y en búsqueda de una mayor eficiencia” reemplaza el inc. a) del art. 4º de la Resolución nº 873/04 estableciendo que “...las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos que se encuadren en rubros previstos en el Cuadro de Usos 5.2.1 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (SRE), se consideran así categorizados sin necesidad de una declaración expresa por parte de la Autoridad de Aplicación, excepto aquellos que comprendan una superficie cubierta total mayor de 10.000 m2, en cuyo caso deberán contar con una declaración expresa de la Autoridad de Aplicación, para lo cual deberán cumplir con el trámite previsto en el art. 6º, inciso c de la presente resolución”.Vemos que las diferentes Resoluciones que el Ejecutivo emite tienden a mantener la “categorización automática” como Sin Relevante Efecto (S.R.E.) a todo edificio de menos de 10.000 m2.Ahora bien, para tener una cabal idea de lo que representa un edificio de 10.000 m2 de superficie cubierta en una ciudad como la nuestra, resulta útil efectuar unas simples operaciones de cálculo. Un edificio construido en un predio de 8,66 metros de frente con un fondo de 40 metros (terreno clásico en nuestra ciudad), emplazado en un distrito R2a permitiría una construcción máxima aproximada de 1.800 metros cuadrados con un desarrollo de siete pisos de altura. Es decir, que en una zona residencial R2a un edificio de siete pisos equivale a 1.800 m2, mientras que la reglamentación de la institución de Evaluación de Impacto Ambiental establece un límite de 10.000 m2 de superficie cubierta considerándola Sin Relevante Efecto en forma automática (sin la intervención puntual de la Autoridad de Aplicación), lo cual equivale a la construcción de cinco edificios simultáneos.En la búsqueda de la optimización de la “eficiencia y efectividad” del accionar del Estado para el resguardo de los derechos y garantías del ciudadano, en este caso su “Calidad de Vida”, es interesante que el funcionario interprete el espíritu de los Constituyentes a los efectos de mejorar su condición, pero resulta violatorio de todos los principios del derecho “avanzar sobre los intereses legítimos de las personas” y legislar en detrimento de sus garantías.A poco de analizar la cuestión planteada en cuanto a la necesaria “Categorización” y “Evaluación de Impacto Ambiental” es más que evidente que la afectación a las personas resulta ser notoria; si de algo sirve, sería bueno recordar el art. 26 de la Constitución de la Ciudad, donde los constituyentes expresan: “El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, como así el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras...”.Es necesario recordar y remarcar, que no estamos hablando de un hecho vulgar o antojadizo, pues la violación de los principios referidos a la temática ambiental constituyen un daño en muchos casos irreparable con afectación a los intereses difusos de los ciudadanos, pero especialmente a sus vidas.De todo lo expuesto surge la necesidad de rever la reglamentación de la Ley nº 123 (y su modificatoria) de manera tal que las construcciones de edificios con una superficie cubierta “razonablemente importante” deba ser categorizada en forma específica.En la presente época, cuando gran cantidad de vecinos se movilizan para evitar que sus barrios se vean afectados por la construcción de grandes torres que traería aparejado serios problemas ambientales y de servicios, se torna necesario repensar la reglamentación cuestionada y establecer límites con superficies cubiertas más exiguas.

POR TODO ELLO:LA DEFENSORIA DEL PUEBLODE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESR E S U E L V E :1) Recomendar al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Jorge Telerman, que disponga se analice la cuestión a fin de replantear la reglamentación de la Ley nº 123 (y su modificatoria) a fin de evitar las construcciones de edificios de gran altura sin la previa categorización y evaluación del impacto ambiental.2) Poner en conocimiento de la presente Resolución a los señores Ministros de Planeamiento y Obras Públicas, ingeniero Juan Pablo Schiavi, y de Medio Ambiente, don Marcelo Vensentini, a fin que elaboren las propuestas correspondientes.3) Poner en conocimiento de la presente Resolución al señor Presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, don Alvaro González, y a los integrantes del Consejo del Plan Urbano Ambiental.4) Registrar, reservar en la Adjuntía para su seguimiento y oportunamente archivar.

Código 441Ad1gv

/D/LDS

RESOLUCION Nº 4141/06

LOS VECINOS MOVILIZADOS

FOTOS DEL 20º ACTO

Por otra parte gracias al aviso de vecinos pudimos grabar un video que resume los problemas de la falta de seguridad en las construcciones que pueden ver siguiendo el vinculo:

http://www.youtube.com/watch?v=bNAAmg9bdrY

Asimismo para ver un corto video sobre la falta de cumplimiento de las normativas de seguridad en obras sigan el vinculo:http://www.youtube.com/watch?v=eYRvwpgDG7k

Les comentamos que la cadena latinoamericana de noticias TeleSur realizó un especial sobre la problemática de la concentración de la construcción. En el que recorrimos distintos lugares de la zona. Podrán ver lo realizado siguiendo los vínculos:

http://www.youtube.com/watch?v=NZulZkcPqSY Presentación

http://www.youtube.com/watch?v=IFF4ihbCh3Y Sótano inundado con materia cloacal

http://www.youtube.com/watch?v=cImFEu_oh-U Dentro del sótano

http://www.youtube.com/watch?v=1X6cxO_7I_c Napas 180.000 litros de agua por día

http://www.youtube.com/watch?v=RANVZ-iodhs El agua a la calle

SE ESTAN PONIENDO NERVIOSOS...

EL IMPERIO CONTRA ATACA

Amigas y amigos:La constructora KOAD S.A. inicio una acción legal por daños y perjuicios contra varios vecinos de Caballito. Ladran Sancho. Señal que cabalgamos. Quieren matar al mensajero. porque no quieren oir su mensaje.No funcionaron las amenazas. No nos asusta concurrir a la Justicia.Defendemos lo poco que nos queda. El futuro. La calidad de vida, el equilibrio y la solidaridad.No mentimos, no engañamos. Tenemos limpia la conciencia. No nos asustan ni nos intimidan.Se acercan tiempos de definición en la problemática de la especulacióninmobiliaria en la Ciudad. El jueves Pagina 12 realizó una muy buena síntesis de la situación.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-80124-2007-02-08.html

Siguiendo los vínculos encontraran 4 videos sobre el acto del 7 contra la especulación inmobiliaria. Son un poco mas de tres minutos es total.

http://www.youtube.com/watch?v=YOTk3PGMvYs
http://www.youtube.com/watch?v=fD6tkVSfT5o
http://www.youtube.com/watch?v=11BUHUu0qho
http://www.youtube.com/watch?v=k5a5IFPCO9M

EN BOLIVIA OPINAN DEL TEMA

Boom de las contrucciones y la falta de EIA en Buenos Aires

Por Marcelo Capelluto y Elsa Margarita FornaseroECOPORTAL

El impacto ambiental de las nuevas construcciones en la Ciudad de Buenos Aires es desastroso; se derrumban casas típicas con jardines para levantar edificios gigantescos que perjudican a las construcciones bajas existentes, tapando el sol, invadiendo la privacidad, y desde ya generando problemas en la infraestructura de servicios
Vecinos de distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reclaman un freno a la construcción de edificios- torres y piden una minuciosa evaluación de impacto ambiental
Habitantes de la Ciudad de Buenos Aires reclaman a sus autoridades que no permitan más construcciones sin una minuciosa evaluación de impacto ambiental. La especulación constructora e inmobiliaria está cercando los barrios de casas bajas con una muralla de torres y edificios, atentando contra la fisonomía de éstos, y su patrimonio histórico y cultural.
El impacto ambiental de las nuevas construcciones es desastroso en el norte de la Ciudad; se derrumban casas típicas con jardines para levantar edificios gigantescos que perjudican a las construcciones bajas existentes, tapando el sol, invadiendo la privacidad, y desde ya generando problemas en la infraestructura de servicios, ya sea primero la escasez y luego colapso de servicios públicos esenciales como ser agua, cloacas, luz, gas, etc.; problemas de saneamiento ambiental, dada especialmente con la generación de mayores cantidades de residuos, el deterioro del suelo, mayor circulación de vehículos que ocasiona mayor polución ambiental y contaminación visual y sonora, menos lugares públicos para estacionar los autos lo que podría suponer en el tiempo la instauración de un servicio medido, superpoblación hospitalaria, desborde de alumnos en las escuelas públicas y privadas, problemas de seguridad, de transporte, etc., todo ello afectando la calidad de vida de los residentes porteños.
También se alerta que "cuando las nuevas construcciones estén habitadas se agudizarán las inundaciones que hace décadas padecen distintas barrios capitalinos, “siempre que llueve fuerte, habrá riesgos de colapso de las cloacas, como ya ocurrió en la calle Olazábal de Villa Urquiza".
A su vez las constructoras venden las terrazas de los nuevos edificios- torres para la instalación de antenas para celulares, con la excusa de reducir gastos de expensas, no estando probada científicamente la inocuidad de las ondas electromagnéticas.
No se está en contra del progreso y de la construcción de viviendas, actividad generadora de puestos de trabajo y pilar de la recuperación económica, pero sí se impone una planificación urbana, es decir un ordenamiento territorial que respete las características de cada barrio, sin llegar a vedar las modificaciones que normalmente pretende realizar cada propietario dentro de su vivienda, cumpliendo siempre con la normativa existente.
"Los límites de la tecnología y la sociedad son marcados para nosotros por la naturaleza finita de los recursos y la limitada capacidad de la biosfera para absorber las influencias humanas". Un crecimiento sin tener en cuenta al Ambiente, hace más corta la vida del hombre, y el daño al Ambiente genera perjuicios a su salud, como ser la propagación de enfermedades. El crecimiento es bueno, e incluso es considerado como un requisito para una política Ambiental de éxito.
Recientemente el Juez Juan Cataldo hizo lugar a una acción de amparo presentada por vecinos que se oponen a la construcción de un edificio de 9 pisos en la calle El Salvador al 6000 del barrio de Palermo, ordenándole al Gobierno de la Ciudad que no otorgue permisos a las obras que no se adecuen a la fisonomía tradicional del barrio. La Jueza Alejandra Petrella le impidió a la Ciudad otorgar nuevos permisos en 16 manzanas del barrio de Caballito, entre las calles Paysandú, Arengreen, Martín de Gainza, y Gaona.
El Estado debe regular los intereses del vecino y el de los inversores, para que no se superpongan entre sí, afectando seriamente a una de las partes, y esto es a través del Plan Urbano Ambiental, que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece como marco en el artículo 27, donde dice: “La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural”. Este mismo artículo promueve la preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico, y de la calidad visual y sonora, la regulación de los usos del suelo, la localización de las construcciones, las condiciones de habitabilidad y seguridad de todo espacio urbano, sea este público o privado, entre otros tópicos. Estas políticas constituyen los ejes del Derecho de Desarrollo Sustentable, es decir el económico, el sociocultural y el ecológico o Ambiental.
Se sostiene que el Desarrollo Sustentable es "...un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico. Este proceso implica el fortalecimiento y la plena participación ciudadana en convivencia pacífica y en armonía con el Ambiente, sin comprometerlo y garantizando la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras...". De este modo se observa que el alcance del Desarrollo Sustentable excede los aspectos puramente ambientales. Cada vez más, los aspectos políticos, sociales y culturales son considerados como vitales para alcanzar la sustentabilidad."

Son buenos los foros de discusión vecinal, y el trabajo de ONGs y asociaciones civiles, que aglutinan los pedidos de los vecinos. Las autoridades deben impulsar y endurecer la fiscalización y control de las obras empezadas, y sancionar pecuniariamente a aquellas constructoras que se aparten de las leyes, mientan o adulteren los estudios ambientales presentados. Es necesario un serio debate para analizar como debe ser nuestra Ciudad de Buenos Aires, con audiencias públicas vinculantes, donde puedan participar los inversionistas, las cámaras constructoras e inmobiliarias, las autoridades y desde ya fundamentalmente quienes vivimos en esta ciudad, es decir sus vecinos, y luego esto quede reflejado en el proyecto de “Plan Urbano Ambiental”-donde se contempla el código de planeamiento y el de edificación- que el Ejecutivo porteño debe enviar a la Legislatura para su tratamiento.

Ver: http://www.redbolivia.com/noticias/Medio%20Ambiente/38499.html

MOVILIZACION Nº 20

Diario Clarín, 7 de Febrero de 2007.-

Vecinos de Caballito volvieron a protestar por la construcción de torres
Se reunieron en la esquina de Honorio Pueyrredón y Felipe Vallese, a metros de donde se planea levantar dos edificios de más de 20 pisos. Fue para pedir al Gobierno porteño que no autorice esas obras. El reclamo se produjo un día después que la Justicia puso freno a nuevas edificaciones en 45 manzanas de Palermo.

Vecinos de Caballito realizaron esta noche una nueva protesta contra la construcción de dos torres de más de 20 pisos en el barrio, que -aseguran- provocará el colapso del sistema cloacal y afectará "la vida de los habitantes". Los manifestantes se reunieron en la esquina de Honorio Pueyrredón y Felipe Vallese, a metros de donde se planea levantar los edificios. Con carteles y pancartas, los vecinos reclamaron al Gobierno porteño que no autorice la construcción de esas torres. "Somos el lugar con menor cantidad de espacios verdes por habitantes de la Ciudad, y con mayor contaminación en aire, y ruido", afirmó Gustavo Desplats, titular de la Protocomuna Caballito. La protesta se llevó a cabo apenas 24 horas después que la Justicia frenó la construcción de nuevas torres en 45 manzanas de Palermo. Un fallo similar ya rige para zonas de Caballito, al tiempo que también mantiene su vigencia la veda puesta en marcha por la Comuna.

Ver (incluye video): http://www.clarin.com/diario/2007/02/07/um/m-01359375.htm

MAS FRENOS A LAS TORRES!!!

Diario PERFIL, edición digital, 8 de Febrero de 2007.-

La veda ya funciona en Caballito
Jueza porteña ordenó frenar construcción de torres

El fallo abarca las zonas de La Imprenta y Las Cañitas. Fue por un recurso de amparo presentado por los vecinos. Dicen que se altera la fisonomía del lugar y colapsan los servicios de agua, cloacas, luz y gas.
Al igual que lo que ocurrió hace más de dos meses atrás en el barrio de Caballito, una jueza porteña firmó un fallo en donde obliga al Gobierno de la Ciudad a suspender el otorgamiento de permisos de obra para nuevos edificios en el barrio de Palermo. El fallo, impulsado por la presentación de un recurso de amparo por parte de cuatro vecinas del barrio, abarca un área de 45 manzanas en las zonas de Las Cañitas y La Imprenta., en donde hay 61 obras en construcción y varias casas viejas en venta para ser demolidas y reemplazadas por edificios. Las demandantes, según consigna Clarín, argumentaron que la construcción de edificios en una zona que típicamente era de casas bajas no sólo alteraba la fisonomía del lugar sino que también podía hacer colapsar los servicios de agua, cloacas, luz y gas, además de complicar el tránsito. En su fallo, la jueza Patricia López Vergara justificó la interrupción de los permisos alegando que es necesario prevenir ocasionales daños futuros. Con el fin de analizar el panorama, dispuso que se haga un estudio del impacto ambiental que provocaría la construcción de esos edificios. Un fallo similar ya había bloqueado la construcción de edificios en 16 manzanas del barrio de Caballito. Y si bien la insistencia de los reclamos de los vecinos empujó al ejecutivo porteño a vedar los permisos durante 90 días –hasta el 15 de este mes-, es probable que en Palermo y Caballito la medida se extienda. El nuevo fallo que pesa sobre la zona de Palermo, a pesar de que no paraliza las obras que ya están en marcha, dispone que la Ciudad "se abstenga de autorizar la realización de obras, demoliciones o cualquier clase de emprendimientos constructivos de viviendas" en el área delimitada por Libertador, Zabala, Luis María Campos y Andrés Arguibel.

A poco de levantarse la veda de 90 días impuesta por el ejecutivo en las zonas de Palermo, Caballito, Villa Urquiza, Coghlan, Núñez y Villa Pueyrredón, es posible que las zonas amparadas por los fallos judiciales extiendan sus prohibiciones si es que la jueza entiende que aun no están dadas la condiciones para rehabilitar el otorgamiento de permisos porque, por ejemplo, se determine que es preciso construir cloacas.

Ver: http://www.perfil.com/contenidos/2007/02/07/noticia_0012.html

TELERMAN NOS DA LA RAZON

Diario LA PRENSA, 8 de Febrero de 2007.-

El jefe de Gobierno se refirió a los problemas con la recolección de residuos, la construcción de edificios y las plazas enrejadas
Telerman habló de todo y fue crítico de su gestión al frente de la Ciudad
Anunció que la semana que viene presentará a la Legislatura el Plano Urbano Ambiental para frenar el crecimiento inequitativo de la Ciudad. Afirmó que si en un mes “no mejora la recolección de residuos” habrá perdido “una batalla personal”.
Telerman aspira un futuro más equitativo en la Ciudad pero reconoce que tiene una batalla personal con la basura.

El jefe de Gobierno, Jorge Telerman, habló ayer sobre los temas que más aquejan a los porteños como la basura, el tránsito, los baches e hizo especial hincapié en el problema de las construcciones de torres en los barrios. Telerman habló de un crecimiento inequitativo de la ciudad, estimó que en tres meses estarán tapados el 70 por ciento de los baches porteño y dijo que si en un mes “no mejora la recolección de residuos” habrá perdido “una batalla personal”. Con referencia a la polémica por la construcción salvaje de edificios que se está desarrollando en varios barrios, el titular del ejecutivo porteño anunció que enviará la semana próxima a la Legislatura de la ciudad el Plano Urbano Ambiental, en el que se decidirán las modificaciones en el código de edificación de cada barrio. Telerman aclaró que esa iniciativa “no significa que no se construye más” en la ciudad, sino que “con la discusión de los vecinos se van a decidir las modificaciones en el código de edificación de cada barrio”. El funcionario al aludir a las quejas de los vecinos de Caballito y Palermo ante el avance de la construcción de edificios torres, acotó que la polémica “no iba acerca de si hay o no cloacas suficientes en el barrio para la construcción, sino también el derecho a una calidad de vida”. “La discusión tiene dos componentes: el urgente e imprescindible, que es que no hay servicios suficientes y se construye igual, y el otro es definir qué ciudad queremos, si resguardamos su identidad patrimonial o construimos edificios”.DESARROLLO INEQUITATIVOAl señalar la desigualdad en la ciudad según las zonas, puso como ejemplo que “por cada 50 edificios que se construyen en Caballito, se levanta uno en Villa Lugano” y advirtió que “no hay ciudad que resista un desarrollo tan inequitativo”.“Queremos que se construya no sólo en los barrios donde se pueda vender a tres mil dólares el metro cuadrado, sino también en los del sur, donde se venda a 900 dólares el metro cuadrado, y donde también se pueden hacer buenos negocios”, indicó.Destacó además que la desigualdad de los lugares donde se encaran emprendimientos edilicios influye también en “el desarrollo económico, social y cultural” de los respectivos barrios.“Estoy absolutamente convencido de que la Ciudad de Buenos Aires tiene que seguir desplegando su potencial económico en diversas áreas, entre ellas, en su capacidad de crear trabajo con la innovación arquitectónica, pero con racionalidad”, puntualizó Telerman. Y a manera de ejemplo señaló: “París construye nuevos barrios a cada rato, pero a nadie se le ocurriría hacer en Champs Elisee una torre de 40 pisos con vista al Arco del Triunfo”. DESARROLLISTAEl funcionario cuestionó duramente a la ex empresa Aguas Argentina por su actitud "escandalosa en cuanto a niveles de desinversión" en la ciudad, que dejó a muchos barrios con graves deficiencias en el suministro de ese servicio.Y destacó que en vísperas de que concluya la suspensión del inicio de edificios altos en determinados barrios de la zona norte porteña, intentará que se defina como prioridad la situación de infraestructura en cuanto a servicios, para determinar primero las obras que deben realizarse, y recién luego planificar las nuevas edificaciones.Además, se definió como “desarrollista”, y ante un planteo sobre el temor de que la anulación de habilitaciones de nuevas construcciones altas en la zona delimitada por las avenidas Del Libertador, Zabala, Luis María Campos y Andrés Arguibel, generen caídas en el empleo, dijo que se intentaría "reorientar" las obras hacia los barrios del sur de la ciudad, con lo cual "se emplearía a la misma cantidad de albañiles".

Ver: http://www.laprensa.com.ar/secciones/nota.asp?ed=2320&tp=11&no=75251

POR FIN TELERMAN SE ACUERDA DE NOSOTROS

Agencia Telam

POLEMICA POR LAS TORRES

Telerman incluye a los vecinos en la discusión de un plano urbano ambiental En la Legislatura porteña se tratarán las modificaciones en el código de edificacion de cada barrio. Es por las quejas de los vecinos de Caballito y Palermo ante el avance de la construcción de edificios torres. ”La Ciudad tiene que seguir desplegando su potencial económico en diversas áreas, pero con racionalidad", puntualizó.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, anunció ayer que enviará en los próximos días a la Legislatura de la ciudad el plano urbano ambiental, en el que se decidirán las modificaciones en el código de edificación de cada barrio. Telerman aclaró que esa iniciativa "no significa que no se construye más" en la ciudad, sino que "con la discusión de los vecinos se van a decidir las modificaciones en el código de edificación de cada bario". El funcionario al aludir en diálogo con radio Continental a las quejas de los vecinos de Caballito y Palermo ante el avance de la construcción de edificios torres, acotó que la polénica "no iba acerca de si hay o no cloacas suficientes en el barrio para la construcción, sino también el derecho a una calidad de vida". Indicó que es tan alto el nivel de construcción en algunos barrios que "en el sur de la ciudad tardaríamos 50 años", en llegar al que "se construyó en un año en Palermo o en Caballito". En ese sentido, opinó que "no hay ciudad que resista un desarrollo tan inequitativo" y consideró que "lamentablemente, en parte de la ciudad se ha cambiado la fisonomía de una manera irreversible". Por eso, insistió en que "hablamos de orientar la construcción y este plano urbano ambiental que estamos enviando en pocos días a la Legislatura", permitirá que "con la discusión de los vecinos se van a decidir las modificaciones en el código de edificación de cada barrio". "Estoy absolutamente convencido de que la Ciudad de Buenos Aires tiene que seguir desplegando su potencial económico en diversas áreas, entre ellas, en su capacidad de crear trabajo con la innovación arquetectónica, pero con racionalidad", puntualizó Telerman. Señaló que "París construye nuevos barrios a cada rato, pero a nadie se le ocurriría que tal si hacemos en Champs Elisee una torre de 40 pisos con vista al Arco del Triunfo". Destacó que la ciudad "venía de una década de caída económica, entonces en un momento se flexibilizaron tanto los códigos de edificación, para que se construya porque no se hacía nada". "Entonces se tomaron muchas medidas, por ahí con buenas intenciones, pero sin dudas apresuradas para alentar la construcción y lo que hay que hacer es reacionalizar", finalizó Telerman.

Ver: http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=51910&id=130132&dis=1&sec=1

OTRO FALLO CONTRA LAS TORRES!!!!!

POLEMICA POR LAS CONSTRUCCIONES : ES ENTRE LIBERTADOR, ZABALA, LUIS MARIA CAMPOS Y ANDRES ARGUIBEL Más frenos a nuevos edificios en 45 manzanas de Palermo
A pedido de vecinos, la Justicia porteña ordenó que no se otorguen nuevos permisos de obra. Una medida similar fue tomada para Caballito. Además rige la veda que impuso el Gobierno de la Ciudad.

Pablo Novillo
pnovillo@clarin.com

La polémica por la construcción de torres en Capital sumó otro capítulo. Una jueza porteña firmó un fallo que obliga al Gobierno de la Ciudad a suspender el otorgamiento de permisos de obra para nuevos edificios, esta vez en unas 45 manzanas de Las Cañitas y La Imprenta, en Palermo, una de las zonas donde más creció la actividad inmobiliaria en los últimos años.En noviembre, un fallo similar bloqueó los permisos para 16 manzanas de Caballito. A raíz de esa medida, y de protestas de vecinos que afirmaban que la construcción ponía en peligro la infraestructura de servicios públicos, el Ejecutivo que dirige Jorge Telerman dispuso una veda a los permisos en seis barrios por 90 días, que vencen el jueves 15. Sin embargo, ambas medidas judiciales muy probablemente se extiendan más allá de esa fecha.El nuevo fallo, al que accedió Clarín, fue firmado el 28 de diciembre por la jueza Patricia López Vergara, pero se conoció ahora, tras la feria judicial de enero. Si bien no frena las obras en marcha, establece que la Ciudad "se abstenga de autorizar la realización de obras, demoliciones o cualquier clase de emprendimientos constructivos de viviendas" en el área delimitada por Libertador, Zabala, Luis María Campos y Andrés Arguibel. Allí hay 61 obras en construcción y varias casas viejas en venta para ser demolidas y reemplazadas por edificios.López Vergara, titular del Juzgado Nº 6 en lo Contencioso Administrativo, es la misma jueza que en setiembre de 2005 clausuró el tesoro del Banco Ciudad, para garantizar que se les pagara un subsidio a los cartoneros. La decisión sobre Las Cañitas y La Imprenta llegó luego de que cuatro vecinas presentaran un recurso de amparo. Las demandantes son Helena Adler, Isabel Loayza, Valeria Reynoso y María Inés Lologgio (ver "Estamos en...).Estas vecinas sostuvieron que la construcción de edificios en una zona que típicamente era de casas bajas no sólo alteraba la fisonomía del lugar sino que también podía hacer colapsar los servicios de agua, cloacas, luz y gas, además de complicar el tránsito.En su fallo, López Vergara justificó la suspensión de los permisos afirmando que es necesario prevenir eventuales daños futuros. Por ello, dispuso que se haga un estudio del impacto ambiental que provocaría la construcción de esos edificios.Son los mismos argumentos que había sostenido en noviembre la jueza Alejandra Petrella, al suspender los permisos de obra en las 16 manzanas de Caballito entre Paysandú, Arengreen, Martín de Gainza y Gaona.Ambos recursos de amparo fueron gestionados por los abogados María Alejandra Butti y Osvaldo Sidoli, quienes ayer aseguraron: "Este nuevo fallo demuestra que el reclamo vecinal es legítimo, y que hay deficiencias con el agua y las cloacas en varios sectores de la Ciudad. Los vecinos esperan que el Estado haga los trabajos para alcanzar soluciones definitivas". Los abogados comentaron que hay vecinos de Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y La Paternal que estarían interesados en presentar recursos de amparo similares.Lo cierto es que la decisión sobre Las Cañitas y La Imprenta parece a priori volver a complicar al Gobierno de Telerman. La veda de 90 días para los permisos en Palermo, Caballito, Villa Urquiza, Coghlan, Núñez y Villa Pueyrredón había sido decidida para buscar una solución política al problema, que lograra calmar los reclamos de los vecinos. Ayer, en la Comuna no opinaron sobre esta decisión judicial porque, informaron, aún no habían recibido la notificación oficial.Pero tanto este nuevo fallo como el de Caballito tendrían vigencia más allá de los 90 días. La veda fue una decisión del Ejecutivo, pero los fallos de las juezas no dependen de ello. Si las magistradas entendieran que, más allá de lo que anuncie el Gobierno, no están dadas la condiciones para rehabilitar el otorgamiento de permisos, por ejemplo porque se determinara que efectivamente hay que construir cloacas, bien podrían mantener la suspensión.Por otra parte, el nuevo fallo seguramente aumentará el malestar en el sector inmobiliario. Fernando Esquerro, presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda, aseguró: "Medidas como esta generan una profunda preocupación, atentan contra la recuperación económica. De hecho, ya hay desarrolladores que mudaron proyectos a Uruguay y otros lugares. Si el Código de Planeamiento está vigente deben dejar construir, y si no habrá que cambiar la norma, pero no podemos seguir con soluciones transitorias que después se terminan perpetuando".

ver: http://www.clarin.com/diario/2007/02/07/laciudad/h-03815.htm

CLAUSURARON LA OBRA DE CUCHA CUCHA!!!!

Después de mucho luchar, el Gobierno de la Ciudad entendió que la obra de Cucha Cucha 958 estaba llena de irregularidades y dispuso el retiro del permiso de obra de la misma. La construcción no seguirá adelante, ya que se encuentra en la zona protegida por el fallo de la Jueza Petrella. Otro éxito de la lucha vecinal!!!!