viernes, abril 06, 2007

Diario EL BARRIO DE VILLA PUEYRREDON

El conflicto por las construcciones indiscriminadas en la Ciudad
Cuando la ciudad es mercancía

Por Haydée Breslav
para la Cooperativa de Editores de Publicaciones EBC

"Tan alta la ciudad/ que nos dejó sin sol…"
Con esta magnífica hipérbole –perteneciente a su tango "El último farol", con música de Aníbal Troilo, grabado por éste en 1966 -describió Cátulo Castillo el avance de la edificación sobre el paisaje urbano. Cuarenta años después, el auge de la construcción no inspiró, que sepamos, versos memorables; en cambio, ha suscitado movimientos, protestas y reclamos vecinales, que a su vez dieron lugar a amparos judiciales y a la adopción de distintas medidas por parte del Ejecutivo porteño. Este trabajo informa sobre la situación y, a través de la opinión de reconocidos especialistas, analiza las causas e implicancias del fenómeno.
Los Decretos
El 15 de febrero último, a pocos días de haber caducado el periodo de la denominada "veda a las torres", el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Telerman, y el ministro de Planeamiento y Obras Públicas, Juan Pablo Schiavi, anunciaron las nuevas medidas que regularán la construcción de edificios en altura.
En la oportunidad se comunicó la derogación del decreto Nº 1929/06, del 13 de noviembre -que, como se recordará, había suspendido por 90 días los permisos de obra nueva o ampliación para edificios destinados a vivienda, de más de 13,5 metros de altura, en los barrios de Villa Urquiza, Coghlan, Núñez, Palermo, Villa Pueyrredón y Caballito.
Asimismo, se dieron a conocer nuevas disposiciones que establecen, entre otras cosas, que en los referidos barrios –salvo el de Núñez, donde según la información del Gobierno de la Ciudad, no se detectaron lugares críticos- los trámites suspendidos, así como los nuevos, deberán presentar certificado de factibilidad técnica e hídrica, expedido por la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos –AYSA-. En esos mismos barrios, la exigencia de evaluación de impacto ambiental se reduce, de 10.000, a 5.000 metros cuadrados.
También se dispuso la creación de la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental, que estará integrada por representantes de los ministerios de Obras Públicas, Ambiente y Gobierno, y la constitución del Comité de Coordinación y Planeamiento de Infraestructura, del que participarán vecinos y funcionarios de las áreas de Obras Públicas y de Espacio Público. Por su parte, los ministerios de Hacienda y de Obras Públicas formularán un plan de desarrollo urbano de zonas promocionales, mientras que el de Gobierno elaborará un programa de supervisión de obras, "observando cualquier afectación que se pudiera producir sobre los derechos de los vecinos." En cuanto a los ciudadanos, se los invita a participar en talleres para preparar y consensuar programas de reforma al Código de Planeamiento Urbano.
En la información suministrada por el Gobierno de la Ciudad consta asimismo que "se detectaron graves problemas de infraestructura en las redes de agua potable y de cloacas de la empresa AySA.
Protestas, movilizacionesy amparos

En los considerandos del decreto 1929 se menciona la "preocupación de la Justicia de la Ciudad" en los "autos caratulados ‘Oybin, Mario c/ G.C.B.A. s/ Amparo’". Se trata del fallo del 6 de noviembre de 2006, por el cual la jueza Alejandra Petrella dispuso hacer lugar a la medida cautelar solicitada por un vecino de Caballito y ordenar al Gobierno de la Ciudad que se abstuviera "de otorgar nuevos permisos de demolición o de obra en el predio delimitado por las calles Paysandú, Arengreen, Martín de Gainza y Gaona."
Entre otras consideraciones, la magistrada pone de manifiesto que "la demandada se limitó a denunciar sólo dos obras que se estarían realizando en la zona cuando de la constatación judicial efectuada surge que existirían por lo menos nueve emprendimientos en construcción o recientemente terminadas."
Cabe destacar que, en su contestación a la demanda, el representante del Gobierno de la Ciudad manifestó que el amparista tendría que considerar "la posibilidad de evaluar la búsqueda de otro ambiente más sano que el de la ciudad, tal vez alejado de ella."
Oybin recurrió a la Justicia en junio del año pasado, meses después de haberse iniciado en Caballito las marchas de vecinos en protesta por las construcciones indiscriminadas. En ese sentido, distintas asambleas y organizaciones de la ciudad y del conurbano constituyeron el 4 de noviembre, en Bernal, la Red Verde Ciudadana.
En la oportunidad coincidieron en reclamar, como "necesidad prioritaria e indeclinable, la utilizaciones de audiencias públicas, consultas populares o el método de participación popular que la legislación de cada zona habilite, para legitimar cualquier resolución que quiera adoptarse en relación con el futuro urbanístico y ambiental de las zonas a implementarse.", así como la participación de la ciudadanía, "más allá del rol de sus representantes políticos", en todos los temas relacionados con el planeamiento urbano y el medio ambiente.
El 28 de diciembre se dio a conocer la medida cautelar que suspende las construcciones a futuro en el radio comprendido por las avenidas del Libertador y Luis María Campos y las calles Zabala y Andrés Arguibel, del barrio de Palermo; hasta la fecha se han presentado otros amparos por zonas de Villa Pueyrredón, Caballito, Palermo, Coghlan, Colegiales, Villa Urquiza, Flores y Núñez, así como de las localidades de Vicente López y Bernal; se encuentra en elaboración el correspondiente a las torres del predio Carrefour, en La Paternal.
Por otra parte, la Red Verde Ciudadana esgrimió distintas razones para calificar de "insuficientes" a las nuevas medidas anunciadas por el Ejecutivo porteño -de las que informamos al principio de esta nota- y les atribuyó generar "más dudas que certezas." Así las cosas, la empresa Koad S.A., constructora de dos torres de 32 pisos en Caballito, promovió un juicio por daños y perjuicios a Mario Oybin y otros vecinos, cuya primera audiencia tuvo lugar el 19 de febrero; en momentos de cerrar esta nota supimos que la apoderada de la empresa Leonides Construcciones S.R.L. envió a vecinos de Villa Pueyrredón una carta documento donde hace mención de "accionar por los daños y perjuicios ocasionados."
Consecuencias ambientales

Para los abogados ambientalistas María Alejandra Butti y Osvaldo Sidoli, patrocinantes de los referidos amparos, "la cantidad de obras que se realizan genera una variación en las condiciones de vida de todos los vecinos por insuficiencia e inadecuación de la infraestructura existente, afectación de la propiedad por ruidos y contaminación, aumento de las vibraciones en gran escala, intensificación del tránsito y elevación de la temperatura media por efectos de la expansión de la superficie cubierta por cemento."
Advierten también acerca de "la sobrecarga de las redes de distribución eléctrica", que en meses de alta temperatura "pueden, en el mejor de los casos, sufrir cortes controlados, o llegar a un colapso ante un ante un consumo elevado", así como "la impermeabilización de los suelos, con el consecuente impacto en las inundaciones." Y resumen: "Cloacas colapsadas, problemas para encontrar cupo en los colegios a la hora de anotar a los chicos, falta de luz natural por la altura de los edificios que se están construyendo , poca presión de agua, cortes de electricidad en verano y falta de gas en invierno: esa es la contracara del boom inmobiliario."
Observan que ni las empresas constructoras, ni las que son propietarias de los predios, "han adoptado las medidas necesarias para evitar la afectación del entorno urbano, el paisaje y la calidad de vida de los vecinos; tampoco lo ha hecho el Gobierno de la Ciudad. Se construye sin planificación urbana alguna, sin análisis de impacto sobre la infraestructura, sin estudios sobre la significación del aumento poblacional."
"Por el solo hecho del valor de la propiedad", subraya, "se pretende modificar un barrio, sin preocuparse por quienes allí residen. Queda claro, entonces, que se trata de privilegiar la especulación inmobiliaria por sobre el derecho a un ambiente sano, a la salud de los vecinos y a una infraestructura adecuada."
La política urbana

Por su parte, el arquitecto Osvaldo Guerrica Echevarría, de la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos -APEVU- expresa que "la acción de los vecinos porteños en oposición a la proliferación indiscriminada de edificios en altura de perímetro libre (torres) puso al descubierto la política urbana implementada a partir de agosto de 2000."
Y refiere que el 2 de ese mes, "en el marco de una maratónica sesión en la que fueron aprobadas 144 leyes en 48 horas" la Legislatura de la Ciudad aprobó también "la Ley Nº 449 de modificación del Código de Planeamiento Urbano -CPU- y la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental -EIA-."
Estas modificaciones determinaron que "a partir del año 2000, en Buenos Aires se comenzara a construir sin Evaluación de Impacto Ambiental -EIA- con normativa a medida sobre lotes de más de 2.500 metros cuadrados mediante la simple presentación de una declaración jurada y la aprobación de planos por funcionarios de tercera línea."
"Esta operatoria", subraya, "fue la resultante del acuerdo entre los grandes inversores inmobiliarios, los grupos políticos mayoritarios del momento y la representación corporativa de los profesionales de la construcción (los mismos que protestaron por la suspensión de permisos de obra)."
Cuando el suelo urbano es mercancía
En opinión del arquitecto Sergio Molina, diputado de la ciudad por el Bloque del Sur, "esta crisis no se puede resolver dentro de las pautas del libre mercado. La ciudad ha sido devastada por negocios sobre la tierra, y el gobierno ha rematado, entregado y regalado tierras públicas para negocios de emprendimientos inmobiliarios: pasó con Puerto Madero, nos sigue pasando con los nuevos proyectos sobre el puerto y nos va a seguir pasando con las tierras en Retiro; ahora van a avanzar con los predios del ONABE en Palermo. El Estado no es ejemplificador, ni pone límites, y no sólo deja que el mercado elabore sus propias reglas, sino que le arma los negocios, encontrándonos hoy con una ciudad que tiene el suelo totalmente dolarizado, lo que es insólito y expulsivo. Hay grupos inmobiliarios que se han aprovechado de este descontrol premeditado, y han producido las catástrofes que dieron lugar a las legítimas protestas vecinales por el tema de las torres."
"Esta situación", prosigue, "no se soluciona simplemente con un código de edificación; no basta con discutir en qué lugar, bajo qué condiciones y con qué requisitos se pueden construir torres. Lo que la ciudad necesita, primordialmente, es producir una profunda reforma urbana, junto con un amplio debate sobre el suelo urbano como bien social y recurso colectivo, rechazando la concepción de la ciudad y de la tierra como mercancías." Y explica: "Más allá de que podamos controlar que en algún lugar no sucumban la infraestructura y el paisaje urbano, mientras tengamos un suelo dolarizado, que provoca la expulsión de los sectores populares, se seguirá promoviendo una ciudad elitista"
Con respecto al Estado, Molina insiste en que "tiene que salir a regular los emprendimientos sobre todo el suelo urbano y, como sucede en otros países, imponer altos impuestos a la especulación sobre la tierra y los inmuebles ociosos", pero advierte que "en lugar de ser un modelo impulsor de políticas públicas, se ha convertido en impulsor y garantista de grandes negocios inmobiliarios", y se pregunta: "¿cómo vamos a pedirles a los privados que sean ejemplos de inversión social responsable cuando el propio Estado especula con el suelo y no lo protege."

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