sábado, febrero 17, 2007

EL DECRETO DE TELERMAN NO ALCANZA...

Diario CLARIN, 14 de Febrero de 2007.-
POLEMICA POR LAS CONSTRUCCIONES : MAÑANA TERMINA LA VEDA PARA NUEVOS PERMISOS DE OBRA EN SEIS BARRIOS PORTEÑOS Presentan 11 amparos más para frenar nuevas torres en Capital
Vecinos de Caballito, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y Palermo buscan que siga la prohibición, pero por vía judicial. Dicen que el boom de las torres hace colapsar los servicios. La Comuna anunciará medidas.

Pablo Novillo
pnovillo@clarin.com

Mañana vence la veda de 90 días impuesta por el Gobierno porteño a los permisos para construir edificios en seis barrios. Pero el freno a la construcción podría mantenerse en varios sectores de la Capital. Es que, luego de que dos fallos judiciales bloquearan las autorizaciones para 16 manzanas de Caballito y 45 de Palermo, más vecinos presentaron recursos de amparo buscando resoluciones similares. La Comuna informó que hay otros ocho expedientes, pero Clarín averiguó que a esos se les suman al menos tres más.Las dos medidas cautelares vigentes en Caballito y Palermo fueron firmadas en noviembre por la jueza Alejandra Petrella, y la semana pasada, por Patricia López Vergara (ver Deben...). Exigen que se haga un estudio de impacto ambiental antes de autorizar las obras, porque los vecinos dicen que harían colapsar los servicios públicos.Pero a estas se suman las 11 mencionadas: según la Procuración de la Ciudad, otros vecinos presentaron cinco recursos de amparo más para diversas zonas de Caballito y otros tres para sectores de Villa Urquiza. A su vez, los abogados María Alejandra Butti y Osvaldo Sidoli, que patrocinaron las dos medidas cautelares favorables, comentaron: "Presentamos un recurso para unas 20 manzanas en Villa Pueyrredón. Otro para la zona de Juan B. Justo, Dorrego, Córdoba y Santa Fe, en Palermo Hollywood. Y un tercero para Directorio, Mitre, Rivadavia y Malvinas Argentinas, en Caballito". Además, hay vecinos de La Paternal, Coghlan y otras partes de Caballito y Urquiza que irían a la Justicia.Mañana el Jefe de Gobierno, Jorge Telerman, anunciará el nuevo decreto que hace caer al 1929. Y ante este alud de presentaciones, el Gobierno porteño tomó una decisión llamativa. Agustín Zbar, procurador porteño, aseguró: "Pediremos que todas las causas sean tratadas por el juzgado de Petrella, porque fue la primera que se pronunció sobre el tema. La discusión es compleja, y no queremos que haya criterios dispares, que cada juez firme una medida distinta".Si finalmente Petrella tomara a su cargo todas las causas, la lógica indica que aplicaría el mismo criterio. Es decir, que podría extender los frenos a los permisos a los barrios donde lo pidan los vecinos. Esto seguiría trabando las construcciones, aún cuando termine la veda de 90 días.¿Por qué el Gobierno promueve una situación así? Hay una primera hipótesis: que el Ejecutivo de Telerman, en pleno año electoral, no quiere quedar mal con la gente. Entonces, preferiría que las polémicas obras sigan frenadas, aunque no por ellos sino por la Justicia. Zbar aseguró: "Apoyaremos los reclamos vecinales si son legítimos".Hay otra hipótesis: el Gobierno presentará por estos días las nuevas medidas para las construcciones. Entre otras cosas, comenzará a exigir que todos los proyectos de obra, para ser aprobados, presenten un certificado de las empresas de servicios públicos en el que conste que la construcción no pondrá en riesgo los servicios. Si la jueza entendiera que este requisito es suficiente, al manejar todas las causas podría levantar las trabas más rápidamente. Así, la Ciudad podría decir que solucionó el problema, porque los constructores podrían hacer sus edificios pero los vecinos tendrían más garantías de que no se verían perjudicados.Un dato: la jueza Petrella sufrió un accidente, y no se sabe cuándo vuelve a trabajar. Fernando Esquerro, de la Asociación de Empresarios de la Vivienda, afirmó: "Los amparos no correspondían. Más que pedirnos certificados el Gobierno debería exigirles a las empresas de servicios que hagan las obras necesarias".Por otra parte, nueve constructoras iniciaron amparos contra la veda. Pero al cumplirse los de 90 días, perderían importancia. Y otra empresa demandó por daños y perjuicios a dos vecinos de Caballito que organizan protestas contra las torres. "Esa demanda no contribuye a la discusión", comentó Zbar.

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