Diario CLARIN, 16 de Febrero de 2007.-
POLEMICA POR LAS CONSTRUCCIONES : TERMINO LA VEDA PARA NUEVOS PERMISOS DE OBRA EN VILLA URQUIZA, COGHLAN, NUÑEZ, PALERMO, VILLA PUEYRREDON Y CABALLITO Con más condiciones, vuelven a construir torres en seis barrios
Las constructoras deberán presentar, entre otros requisitos, un certificado que demuestre que no afectarán la provisión de agua. En dos zonas de Caballito y Palermo hay amparos y sigue la prohibición.
Las constructoras deberán presentar, entre otros requisitos, un certificado que demuestre que no afectarán la provisión de agua. En dos zonas de Caballito y Palermo hay amparos y sigue la prohibición.
El Gobierno porteño dio ayer por terminada la veda de 90 días a la construcción de edificios en seis barrios porteños. Y tal como se esperaba, introdujo nuevos requisitos para permitir las obras. Pero, aunque las medidas fueron anunciadas como una salida equilibrada al problema, tanto vecinos como constructores siguen manteniendo dudas y críticas.El jefe de Gobierno Jorge Telerman y su ministro de Obras Públicas, Juan Pablo Schiavi, hicieron el anuncio en el salón blanco de la sede de la Comuna. De un lado, estaban sentados representantes de organizaciones vecinales (incluso de barrios no incluidos en la veda). Del otro, directivos de diversas entidades de la construcción. "Dispusimos la veda porque era imperioso meternos en el tema y generar un espacio de discusión sobre el modelo de Ciudad que queremos. Somos aliados de la construcción, pero defendemos los intereses de los ciudadanos. Estas nuevas medidas deben llevar seguridad jurídica y tranquilidad", afirmó Telerman.La veda afectó a Caballito, Palermo, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y Núñez, que el año pasado habían concentrado el 47% de los permisos otorgados, y cuyos metros cuadrados construidos cuadruplicaban la media histórica de la Ciudad. La decisión llegó por las crecientes protestas vecinales contra las torres y tras un fallo de la jueza Alejandra Petrella, que frenaba los permisos de obra para 16 manzanas de Caballito. A su vez, hace una semana se conoció otro fallo, de la jueza Patricia López Vergara, que hizo lo mismo en 45 manzanas de Palermo, en Las Cañitas y La Imprenta.En estos tres meses, el Gobierno les pidió a las empresas de servicios públicos que informaran cómo está la infraestructura, si podía soportar más construcciones o no. Todas respondieron que no había problemas, salvo AySA, con la que la Comuna firmó un convenio para hacer obras de cloacas y agua corriente (ver "Obras en...").En base a esos informes, la Ciudad decidió que quienes quieran construir en los barrios afectados deban presentar un certificado de AySA que garantice que la obra no afectará la infraestructura (salvo en Núñez, donde no registraron inconvenientes).El otro cambio viene por el lado de los estudios de impacto ambiental. Hasta ahora, estaban obligados a presentarlos los proyectos para construir 10.000 m2 o más. Desde ahora, deberán hacerlo los que superen los 5.000.En tanto, se armará una comisión interministerial que avalará esos estudios de impacto. Y que podrá hacer otros para analizar ya no cada obra sino zonas enteras. "Con el requisito del certificado de AySA más los estudios de impacto globales que haremos, consideramos que será suficiente para levantar los fallos de las juezas que frenan los permisos en Caballito y Palermo", aseguró el procurador de la Ciudad, Agustín Zbar.Por otra parte, el Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto para el Plan Urbano Ambiental, la ley marco que definirá qué se podrá construir en Buenos Aires. Y formará una comisión, de la que participarán vecinos, para evaluar dónde se tiene que invertir en infraestructura. También prometieron mejorar los controles de las edificaciones en marcha y generar políticas para que no sólo se construya en los barrios más requeridos por el mercado sino también en zonas postergadas, concretamente en el Sur.
Los anuncios realizados por el Gobierno porteño para encontrar una salida al problema de la construcción fue recibido con cautela y algunas críticas tanto entre los vecinos como en el sector de la construcción.Hugo Mennella, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, fue uno de los más escépticos: "Hay que leer el decreto en detalle, pero la primera sensación es que pusieron el carro delante del caballo. Si hay inconvenientes con los servicios, el Estado debe exigir que se hagan obras, pero no que los constructores tengan que pedir un certificado. Además, hasta ahora no nos supieron explicar cómo se tramitará el certificado con AySA. Y mientras tanto, ¿cómo hacemos para tasar un terreno, si ni siquiera sabríamos cuánto se podrá construir?".Fernando Esquerro, presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda, afirmó: "Tenemos dudas, hay que ver cómo se implementa el decreto. Sigo pensando que si el problema es que faltan cloacas, la solución es hacerlas".Francisco Gallichio, de la Cámara Argentina de la Construcción, fue más optimista: "Por lo pronto, tras los 90 días de paralización, ahora sabemos que la veda se terminó y que no hay problemas con la mayoría de los servicios. Y en el caso de aguas y cloacas, que se firmó un convenio con AySA para solucionarlos. Ahora hay que ver cómo reaccionan los inversores, si vuelven a confiar o no".Del lado de los vecinos también hubo cuestionamientos. Los abogados Osvaldo Sidoli y Alejandra Butti, que patrocinan varios de los amparos anti-torres, señalaron: "Es una solución parcial. El problema con las obras ya en marcha sigue existiendo, y también siguen habiendo muchas obras irregulares. Por otra parte, no aclararon cómo será el certificado de AySA, y no sabemos qué pasará si en una zona donde hoy hay infraestructura suficiente se sigue construyendo, hasta cuando alcanzará".La oposición política también habló. Alvaro González, legislador macrista y presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, dijo: "Los anuncios confirman que los reclamos de varios vecinos eran legítimos, que había problemas. Además, en la Legislatura ya veníamos trabajando en un proyecto para exigir el certificado de las empresas de servicios, estábamos adelante de los anuncios del Ejecutivo. Ahora hay que ver cómo se ponen en marcha estos anuncios".Pero el más duro de todos fue el diputado Marcelo Meis, de Recrear y presidente de la Comisión de Vivienda, quien no dudó en asegurar: "Esta es una aberrante entrega al ministro Julio De Vido de un poder de decisión que debe estar a cargo del Gobierno porteño, que en caso de que sea necesario debe exigirle a AySA que realice las obras".
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