Diario CLARIN, edición impresa, 15 de Febrero de 2007.-
POLEMICA CON LAS CONSTRUCCIONES : ABARCA 45 MANZANAS ENTRE LIBERTADOR, ZABALA, LUIS MARIA CAMPOS Y ANDRES ARGUIBEL Seguirá trabada la construcción de torres en una zona de Palermo
Una jueza porteña rechazó un pedido para levantar la prohibición de nuevos permisos de obra. La semana pasada, la Cámara de Apelaciones había dejado sin efecto una veda similar en Caballito.
La Justicia porteña decidió mantener la veda a nuevos permisos de construcción de torres en 45 manzanas de Las Cañitas y La Imprenta, Palermo. Con esta medida rechazó un pedido del Gobierno porteño, que pretendía desbloquear el único barrio en el que sigue prohibido habilitar nuevas obras.La resolución la tomó la jueza en lo Contencioso Administrativo Patricia López Vergara, la misma que el 6 de febrero blindó las 45 manzanas que quedan entre Libertador, Zabala, Luis María Campos y Andrés Arguibel. La Ciudad apelará.Este revés sufrido por la Comuna es contrario a la decisión que tomó la semana pasada la Cámara de Apelaciones, que sí levantó la veda en 16 manzanas de Caballito, impuesta en noviembre por la jueza Alejandra Petrella.Para entender el porqué de este nuevo fallo hay que remontarse a fines del año pasado. Los bloqueos judiciales a las obras fueron pedidos por vecinos, quienes decían que la construcción indiscriminada ponía en riesgo los servicios de luz, gas, agua y cloacas, y que también perjudicaba su calidad de vida.Por ambas medidas cautelares, y ante el creciente nivel de protestas vecinales, el Gobierno de Jorge Telerman frenó por 90 días los nuevos permisos en seis barrios porteños: Caballito, Palermo, Núñez, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Coghlan.La justificación de la veda, que cayó muy mal en el sector de la construcción, fue que en esos tres meses se iba a revisar si la infraestructura podía resentirse por los nuevos edificios.Tras los 90 días, el Gobierno salió a explicar que no había problemas con la luz y el gas, porque las empresas prestadoras habían asegurado que la red estaba bien. Pero reconoció que AySA informó que en algunas zonas había inconvenientes con las cloacas y el agua.Entonces, a través del decreto Nº 220 determinó nuevos requisitos para habilitar torres en cinco de los seis barrios (excluyó a Núñez porque, dijo, allí no había falencias). Envió el Plan Urbano Ambiental a la Legislatura y le empezó a exigir un estudio de impacto ambiental a los proyectos que superaran los 5.000 metros cuadrados (antes el piso eran 10.000).
Pero lo más importante fue que comenzó a obligar a las constructoras a que presentaran un certificado de AySA avalando que el futuro edificio no perjudicaría las cloacas y el agua.Con estos elementos, pidió que las suspensiones dispuestas por las juezas se dejaran de lado. En el caso de Caballito, la Cámara hizo lugar a ese pedido. Lo curioso es que, aunque reconoció que los reclamos de los vecinos eran legítimos, y si bien el decreto Nº 220 sólo protegería los eventuales problemas del agua y las cloacas y no los demás, fallaron como deseaba la Ciudad.Muchos esperaban, entonces, que la suspensión para Las Cañitas y La Imprenta también cayera. No fue así: según confirmaron en el juzgado, "la jueza entendió que el decreto Nº 220 no era suficiente". Cuando dictó la cautelar, López Vergara había pedido que se hiciera un estudio de impacto ambiental en la zona.Los vecinos lo tomaron como un triunfo. "La jueza ratificó la valiente medida que había tomado y desechó el argumento del Gobierno de que el decreto 220 alcanzaba. No sólo es un tema de agua y cloacas, los vecinos también están preocupados por la luz, el gas, el aumento del tránsito en su barrio, las insuficientes vacantes en los colegios, la falta de espacios verdes y el deterioro de su calidad de vida", aseguraron Alejandra Butti y Osvaldo Sidoli, los abogados que promovieron ambas medidas cautelares.En la Ciudad no opinaron sobre la cuestión porque aún no recibieron la notificación de la resolución de López Vergara. Pero está confirmado que apelarán.La estrategia del Gobierno porteño es centralizar todas las causas por las torres en el juzgado de Petrella, la primera que falló en la cuestión (está de licencia por problemas de salud). Suponen que así podrían revertir más rápidamente medidas desfavorables. De hecho, si la Cámara accediera a que la causa de López Vergara pase al otro juzgado, esta magistrada quedaría al margen del tema. Ya hay 11 amparos presentados por vecinos de otros barrios.
Desde el inicio del conflicto, de un lado se pararon los constructores reclamando reglas claras. Y del otro, los vecinos sosteniendo que, además de los servicios, las nuevas torres podían colapsar el estacionamiento o las vacantes en los colegios. Desde entonces, el Gobierno porteño está preso de decisiones judiciales. Porque este nuevo fallo deja en claro que las medidas tomadas por el Ejecutivo, tras los 90 días que duró la veda para pedir permisos de obras, no fueron suficientes. No hay reglas claras para unos ni soluciones a los reclamos de los otros.
Perfil
Una jueza polémica
Patricia Graciela López Vergara accedió al juzgado Nº 6 en lo Contencioso Administrativo en 2000, por concurso.En setiembre de 2005 clausuró el tesoro de la Casa Matriz del Banco Ciudad, para obligar a la Comuna a pagar un subsidio a cartoneros.Forma parte de un grupo de jueces (Roberto Gallardo, Elena Liberatori, Juan Cataldo) de pensamiento progresista que se enfrentó con el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra. Hoy el grupo parece disuelto por diferencias internas.
