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Diario CLARIN, 12 de Noviembre de 2006.-

PROBLEMAS URBANOS : TRAS EL FALLO A FAVOR DE LOS VECINOS QUE PROTESTAN POR LAS TORRES EN ZONAS RESIDENCIALES Analizan frenar nuevos permisos para levantar torres en Capital
El Gobierno porteño estudia suspender los permisos de obra en barrios muy poblados. Sería por un plazo que no superaría los 90 días. Mientras, se discutirán las normas que habilitan las construcciones.

Daniel Fernández Quinti
dquinti@clarin.com

El Gobierno porteño estudia suspender por una plazo acotado, que sería de 90 días, la entrega de nuevos permisos de obra para levantar edificios en la Ciudad. Según pudo averiguar Clarín, el jefe comunal, Jorge Telerman, analiza sacar por decreto la suspensión de permisos en probablemente seis barrios porteños, más precisamente en zonas que figuran en el Código de Planeamiento Urbano bajo la denominación R2A, lo que quiere decir, "residencial de alta densidad".El martes, un fallo de la jueza Alejandra Petrella le impidió a la Ciudad otorgar nuevos permisos en 16 manzanas de Caballito, entre las calles Paysandú, Arengreen, Martín de Gainza y Gaona. Fue a raíz de una presentación de vecinos que vienen reclamando contra la construcción de torres. Las protestas se repiten en Agronomía, Flores, Palermo, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Villa Crespo y Parque Chas (Ver Un muro...) . Desarrollistas y constructores consultados adelantaron que no están de acuerdo con la suspensión porque generará mayor inseguridad jurídica. Mientras, los vecinos la aplauden. Una coincidencia: todos piden un debate en el que participen todos los interesados (Ver Para los...).En la Comuna estudian varias medidas que podrían salir a partir de mañana. Durante el tiempo en que los permisos se encuentren suspendidos, debería llegar a la Legislatura el Plan Urbano Ambiental, que Telerman ya ordenó que sea enviado para que lo traten. Para eso, se deberían acelerar los tiempos que manejan en la Subsecretaría de Planeamiento, donde esperaban mandarlo hacia fin de año.El nuevo Plan Urbano Ambiental es la ley marco para reacomodar la Ciudad ante el boom de la construcción. A partir del Plan salen luego dos instrumentos —el Código de Planeamiento y el de Edificación—, que sirven para establecer con toda claridad qué y cuánto se puede construir, y los usos de las distintas manzanas dentro de un barrio. También a partir de mañana los funcionarios comenzarán a reunirse con las empresas de servicios públicos —agua y cloacas, electricidad, gas— para estudiar el impacto de las torres y determinar si se corren riesgos, tal como denuncian los vecinos. Dicen que muchas son habilitadas sin medir el impacto ambiental. Y que por eso, luego se encuentran con un edificio en manzanas donde no hay suficientes cloacas, agua corriente, luz y gas para los viejos más los nuevos habitantes.No serían los únicos perjuicios. También protestan por los ruidos molestos que provocan las obras, por el lío de tránsito que trae el aumento en la cantidad de vehículos y porque las torres modifican el paisaje tradicional de las bellas zonas residenciales donde eligieron vivir. En algunas de esas protestas hay involucrados, además, vecinos que en 2007 quieren postularse para encabezar alguna de las Comunas, en las que se dividirá la Ciudad.La ONG Poder Ciudadano asesora a vecinos. Dos de los abogados que los patrocinan, Alejandra Butti y Osvaldo Sidoli, explicaron: "Presentamos amparos de vecinos de Belgrano, Villa Pueyrredón y Palermo. Y tuvimos reuniones con gente de Núñez y Coghlan. La ley 123 de la Ciudad obliga a que para cada edificación de más de 2.500 metros cuadrados se haga previamente un Estudio de Impacto Ambiental y se lo presente en Audiencia Pública. Pero se producen violaciones hormiga a esta norma, autorizan más edificios de menos metros. Nadie está en contra del progreso, pero debe ser ordenado y con participación de la gente". En el Gobierno porteño señalan que no tienen evidencias que hagan sospechar de un próximo colapso de los servicios públicos. Y especialistas consultados por Clarín, pronosticaron que la Ciudad puede aguantar entre 10 y 15 años sin que eso suceda. Pero no todos los vecinos están en contra de las torres. El boom elevó la cotización de las propiedades en los barrios más buscados y muchos aprovechan para vender. Como contracara, otros muestran un aspecto más controvertido. Dicen que apoyan el progreso en general pero no les gusta cuando los afecta. Es lo que se conoce como el fenómeno "not in my back yard" (en inglés, "no en mi patio trasero").Para el urbanista Carlos Lebrero la solución pasa por el equilibrio: "Hay que hacer el esfuerzo para que las áreas urbanas crezcan, pero sin que colapsen los servicios. En principio, la Ciudad tiene una infraestructura suficiente, salvo en los drenajes contra inundaciones. Sería bueno que se hicieran estudios de impacto no para cada obra sino en general, de tipo estratégico, para que las reglamentaciones que norman la construcción sean equilibradas".

Problema Complejo

El reclamo de los vecinos es entendible y legítimo: se quejan porque las torres irrumpen en barrios de casas bajas. La postura de los desarrolladores también es comprensible. Primero, las torres no son ilegales, pero ahora puede que les cambien las reglas de juego y eso habrá que discutirlo y mucho. En el medio, los poderes: la Legislatura y la Justicia también irrumpen amparando y desamparando, según el caso, en un tema con mucho peso electoral. Ahora le toca jugar su ficha al Gobierno porteño que estudia qué hacer. El problema es muy complejo: debe atender a los vecinos sin dejar caer una industria que genera trabajo e inversión. Una gran decisión.

Las medidas en estudio

1. Suspensión de los permisos de obra en manzanas densamente pobladas por 90 días.

2. Tratamiento en la Legislatura del Plan Urbano Ambiental, sobre qué se puede construir y hasta qué altura.

3. Evaluación acerca de si existe riesgo ambiental ante el boom de la construcción en los distintos barrios.

Para los constructores, produce inestabilidad e incertidumbre
Los desarrolladores dicen que frenar permisos genera más inseguridad jurídica.

Frenar por 90 días el otorgamiento de permisos para levantar edificios generaría inseguridad jurídica. Eso es lo que opinan desarrolladores y urbanistas. Por el contrario, los vecinos creen que sería una medida positiva. En lo que sí hay coincidencia es en que sería necesario un debate entre todos los sectores para analizar cómo debiera desarrollarse la Ciudad."No creo que se justifique frenar los permisos porque está en juego la seguridad jurídica: se avasallan derechos adquiridos —afirma Alejandro Aizersztein, socio de la constructora KAS—. Creo que hace falta una discusión y buscar soluciones, pero frenar todo no es una solución"."Hace falta replantear la política de desarrollo de la Ciudad acompañando al importante crecimiento del ritmo de la construcción —agrega—. Coincido en que hace falta mayor inversión para adecuar la infraestructura. Pero un alto porcentaje del costo de la construcción son impuestos, que debieran volcarse a las obras para mejorar el equipamiento urbano".El abogado de los vecinos de barrios como Caballito y Belgrano, Osvaldo Sidoli, apoya la medida: "Es buena, siempre que en esos 90 días el Gobierno porteño haga una propuesta seria para limitar las construcciones a futuro. En ese lapso las constructoras y los vecinos debieran juntarse a debatir. Y hay que llevar la discusión a las obras en curso"."La medida en estudio sería problemática —dice Francisco Prati, del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo—. Generaría incertidumbre, inestabilidad y desconfianza, como siempre ocurre cuando se suspenden las leyes vigentes". Prati sí es partidario de debatir nuevos acuerdos. "Hay que estudiar las zonas conflictivas en forma concertada y, en lo posible, evitar la heterogeneidad de torres y casas bajas yuxtapuestas".Enrique García Espil, ex secretario de Planeamiento porteño, dice: "Para resolver qué tipo de Ciudad queremos, el Ejecutivo debiera enviar a la Legislatura el Plan Urbano Ambiental y convocar a una audiencia pública para discutirlo. No otorgar permisos de obra perjudica al constructor y también al sistema jurídico. No se puede prohibir por unos días algo que está permitido por ley para mientras tanto pensar si va a seguir siendo legal"."La construcción es la principal generadora de mano de obra, bloquearla puede generar desempleo —augura Fernando Esquerro, presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda—. Por supuesto, no se puede hacer cualquier cosa, pero en la Ciudad hay un Código severo. Si hay que debatirlo y modificarlo, bienvenido sea. Pero no se pueden afectar los derechos vigentes. Suspender los permisos de obra generaría inseguridad jurídica. Restringir la oferta podría causar un aumento en los precios de los departamentos, dificultando el acceso a la vivienda"."El problema no se puede atacar en forma unilateral", asegura Raúl Navas, abogado especialista en temas urbanísticos. Y da un ejemplo: "Hace 15 años los vecinos de Las Cañitas presionaron para que no se constuyeran edificios. En cambio los inundaron con locales de gastronomía, que no consumen altura. El resultado fue peor, porque hoy sufren el tránsito de gente y los ruidos".